
El Gobierno espera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, que se va a publicar este jueves, sea "clara y contundente" para que se aplique esta medida de gracia "con diligencia y sin más dilación".
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se ha pronunciado en este sentido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado en La Moncloa.
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En este sentido ha defendido que la norma se aprobó con mayoría en Las Cortes, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional y sus "consecuencias se están viendo en las calles de Cataluña" donde asegura, "prima la convivencia y la prosperidad".
Este jueves 16 de julio, la Gran Sala del TJUE dictará las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía --aprobadas para favorecer a los condenados por el procès-- y su compatibilidad con el Derecho Comunitario.
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Se pronunciará por tanto sobre los dos asuntos para los que el Abogado General emitió sendos dictámenes en noviembre de 2025, en los que descartó que la tramitación de la ley respondiera a una "autoamnistía", que colisiones con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE, aunque consideró que sí puede haber vulneraciones menores del Derecho de la UE.
Las posiciones del Abogado General no son vinculante para las sentencias que después debe dictar el TJUE, aunque marcan la línea de los fallos emitidos en la gran mayoría de los casos.
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Así, respecto a si una posible sentencia favorable podría destensar las relaciones del Gobierno con Junts, fuentes de Moncloa se muestran esperanzados de que el efecto sea positivo y se vayan dando pasos que ayuden a cumplir sus compromisos. Los de Puigdemont rompieron relaciones con el Ejecutivo precisamente por este motivo, al considerar que no estaban cumpliendo los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura.
La intención de los socialistas, por tanto, es seguir trabajando los acuerdos con la formación independentista y también negociar los Presupuesos Generales del Estado, que se ha comprometido a presentar antes de que acabe el año.
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En Moncloa esperan además que ayude a la normalización de la situación en Cataluña y a la convivencia una vez que se eliminen los "bloqueos" de la ley que el PP ha intentado, dicen, ante el TJUE y el TC.
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