
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 15 años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por agredir sexualmente de forma continuada a la hija de su sobrina, adolescente, aprovechando que salía de la cárcel los fines de semana. Como consecuencia de estos hechos, la menor se quedó embarazada y se sometió a una interrupción voluntaria del embarazo. La vista oral se ha celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y ha quedado vista para sentencia.
El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado (1980), accedió al tercer grado de tratamiento penitenciario a principios de 2024 y disfrutaba de permisos de salida los fines de semana, pernoctando durante los mismos en el domicilio de su sobrina, en el centro de Asturias.
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En la casa vivían su sobrina, el marido de esta y los cinco hijos de la pareja, entre los que se encuentra la víctima, que en ese momento tenía 15 años y tiene un grado de discapacidad reconocido del 40%. El procesado, aprovechándose de la estrecha relación que había mantenido siempre con la familia, se ganó la confianza de la menor, a la que hacía regalos con frecuencia, diciéndole que la quería y que iba a casarse con ella.
En este contexto, durante el disfrute de uno de sus permisos penitenciarios, el procesado accedió por la noche a la habitación de la menor, mientras el resto de la familia dormía, cerró la puerta y la agredió sexualmente. Esta conducta se repitió en un número indeterminado de ocasiones, al menos tres veces más, durante el disfrute de sus permisos penitenciarios. Cuando la víctima le pedía que parase, el procesado hacía caso omiso, llegando a decirle que si se lo contaba a alguien la mataría o que mataría a su familia.
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La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y solicita que se condene al procesado a 15 años de prisión; prohibición de acercarse a la persona, domicilio, lugar de trabajo o estudios de la víctima, y a cualquier otro lugar que frecuente, a menos de 500 metros, así de comunicarse con ella por cualquier medio, durante 16 años; libertad vigilada durante 8 años; e inhabilitación especial para profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 20 años.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor con 15.000 euros y con la cantidad que se determine por los gastos derivados de la interrupción del embarazo.
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