El "gran dolor de cabeza" de los festivales en 2026: "Se ha tratado de criminalizarnos"

Javier Herrero

Madrid, 7 jul (EFE).- Mientras el ecosistema de festivales en España sigue redimensionándose con la cancelación de múltiples citas por falta de público, "el gran dolor de cabeza" que otros muchos promotores denuncian es otro: la "falta de seguridad jurídica" que les ampare ante el cada vez más arduo debate entre música y descanso vecinal.

"Hemos vivido situaciones donde se ha tratado de criminalizarnos sin ningún razonamiento", lamenta a EFE Javier Arnaiz, director de Mad Cool, que arranca este miércoles una nueva edición habiéndose convertido en uno de los grandes afectados por esta polémica: la fiscalía pide dos años de cárcel para él por un presunto delito contra el medio ambiente.

Se trata de una medida extrema y muy inusual hasta ahora, pero ilustra un giro de timón por parte de los poderes y administraciones públicas, por ejemplo ayuntamientos que, tras una larga etapa en la que abrazaron y replicaron el modelo (no hay pueblo sin su propio festival), han pasado a limitar sobremanera las condiciones para su celebración, sobre todo los decibelios.

El "¡No se oye!" a pocos metros del escenario se ha convertido en la comidilla viral de numerosos eventos recientes, véase las últimas Fiestas de San Isidro de Madrid, donde la limitación está en los 90 decibelios. Basta una sencilla prueba doméstica para comprobar lo fácil que es superar ese umbral.

El caso más paradigmático, con artistas como Leire Martínez o Siloé quejándose desde el escenario, se vivió hace semanas en el asentado Festival de Les Arts en Valencia, que canceló su segunda jornada ante la incapacidad para conciliar las peticiones del público con una sentencia previa que condenaba al Ayuntamiento de la ciudad tras las quejas de los vecinos por este tipo de espectáculos.

"Para nosotros, Les Arts siempre ha sido una cita cultural integrada en la ciudad, no un evento ajeno a ella. Por eso creemos que lo importante ahora no es quedarnos en la cancelación, sino abrir una conversación más amplia sobre cómo las ciudades quieren convivir con la cultura en vivo. Si queremos festivales urbanos, necesitamos un modelo planificado, con reglas claras y condiciones reales para que la actividad cultural pueda desarrollarse con garantías", reflexionan para EFE desde esta cita levantina.

Parece claro que la firme y triunfante oposición vecinal en torno a la activación del estadio Santiago Bernabéu como centro habitual de conciertos en 2024 supuso un antes y un después, unido a la multiplicación de la oferta musical en los últimos años, aunque el sector señala otros muchos motivos para el cambio de aires.

"La tensión con la ciudadanía no se explica solo por la multiplicación de festivales, aunque eso ha influido. También ha crecido la ocupación del espacio urbano por eventos, la presión turística, la sensibilidad social hacia el ruido y la exigencia vecinal de descanso", apunta a EFE Pascual Egea, presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM).

Reconoce a continuación "que las molestias existen y que no pueden despacharse como un daño colateral inevitable", una posición con la que todos parecen alineados. "Eso hay que escucharlo. Pero el error sería plantear el debate como si fuera vecinos contra cultura", afirman desde Les Arts.

"Desde Mad Cool siempre hemos escuchado las preocupaciones de los vecinos y hemos trabajado para reducir al máximo el impacto. Entendemos que un evento de estas características debe convivir con su entorno", defiende Arnaiz, cuyo festival decidió por ejemplo reducir horarios, optimizar los sistemas de sonido con tecnología cardioide que lo redirige mejor o invertir más de medio millón de su presupuesto a reforzar la ampliación del transporte público.

Desde APM reconocen que casos como estos festivales demuestran que "hay territorios donde ahora mismo es más difícil trabajar, sobre todo donde confluyen recintos próximos a zonas residenciales, ordenanzas estrictas, presión vecinal y judicialización". A menudo también luchas entre administraciones públicas de diferente signo.

"Puedes tener licencia, inversión hecha y programación cerrada, y aun así encontrarte con cambios de criterio, sentencias o limitaciones que hacen inviable la experiencia musical", lamenta Egea, que vuelve por ello a su gran caballo de batalla, la inseguridad normativa. "No hablamos de pedir una barra libre acústica, sino de contar con reglas claras, homogéneas y aplicables con previsibilidad antes de asumir compromisos", dice.

Para los responsables de Les Arts, "la cultura no debería estar permanentemente en situación de provisionalidad". "Si una ciudad quiere ser culturalmente activa, tiene que crear las condiciones para que esa actividad exista y conviva bien con su entorno", reclaman. EFE