
El Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores (Asescon) han firmado este lunes un convenio de colaboración para combatir los bulos y la desinformación relacionados con los servicios jurídicos.
El objetivo de esta alianza es reforzar la protección de los consumidores mediante la promoción de información veraz y el impulso de iniciativas que permitan identificar prácticas engañosas que pueden llevar a los ciudadanos a tomar decisiones con importantes consecuencias para sus derechos, ha informado la Abogacía en un comunicado.
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El convenio contempla la difusión de campañas de protección de los consumidores, la organización y celebración conjunta de jornadas divulgativas y el desarrollo de acciones de sensibilización orientadas a fomentar una información rigurosa y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos.
La firma de este convenio da continuidad al trabajo que viene desarrollando Abogacía Española para alertar sobre el incremento de plataformas y operadores que utilizan publicidad engañosa, promesas imposibles de garantizar o mensajes que inducen a error sobre quién presta realmente los servicios jurídicos.
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LOS VULNERABLES, MUY AFECTADOS
En muchos casos, estas prácticas afectan especialmente a personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, como quienes buscan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, afrontan un desahucio o necesitan asistencia jurídica en procedimientos de familia.
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Entre los mensajes más habituales se encuentran aquellos que prometen resultados garantizados, soluciones inmediatas o la cancelación automática de deudas, así como la utilización de expresiones que pueden hacer creer al consumidor que está siendo asesorado por abogados cuando no siempre es así. A ello se suman prácticas que generan una falsa sensación de urgencia o que ocultan información esencial sobre los servicios contratados.
La Abogacía ha advertido de que más allá de la publicidad engañosa, estas situaciones pueden derivar en problemas mucho más graves, como el intrusismo profesional o la contratación de servicios sin las garantías que ofrece un abogado colegiado, cuya actuación está sometida a un estricto Código Deontológico.
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El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha afirmado que el "acceso a la Justicia empieza mucho antes de entrar en un juzgado", ya que comienza "cuando una persona busca orientación, saber a quién acudir y en quién confiar".
"Si esa primera información está contaminada por bulos, publicidad engañosa o falsas promesas, se resienten sus derechos. De allí la importancia de esta alianza con Asescon: queremos que los consumidores cuenten con herramientas que les permitan distinguir la información rigurosa de la desinformación", ha concluido.
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