Sevilla, 2 jul (EFE).- El acuerdo firmado por el PP y Vox para la investidura del presidente de la Junta, Juanma Moreno, incluye la prohibición del burka y el niqab en Andalucía "en todos los espacios, edificios y servicios públicos autonómicos" y la repatriación de los menores migrantes a sus países de origen.
El acuerdo, de 150 puntos, recoge hasta once medidas que tienen que ver con la migración y que establece cuestiones como el "rechazo frontal al reparto estatal de inmigrantes ilegales", ya sean mayores o menores de edad, así como la formulación de acuerdos internacionales para "devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen con sus padres".
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PP y Vox, en su pacto de legislatura, han acordado también dedicar parte del presupuesto de la comunidad para hacer pruebas de edad a los "inmigrantes ilegales" con el fin de evitar "fraudes y el colapso de los servicios públicos", así como fiscalizar de forma anual "todos los gastos vinculados a la inmigración masiva para asegurar el mínimo desembolso".
El acuerdo establece la eliminación "total de ayudas, convenios o conciertos públicos a ONG u organizaciones que faciliten o sostengan la inmigración ilegal o cooperen con las mafias del tráfico de personas".
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El pacto incluye que los centros de menores deberán reforzar "la disciplina" y los protocolos de intervención y la seguridad de los trabajadores "evitando ubicaciones conflictivas".
Los puntos sobre inmigración recogen el principio de 'prioridad nacional' que el acuerdo desarrolla en otros apartados y también plantea que el Gobierno andaluz exija "al Gobierno de España que adapte de forma inmediata a la legislación nacional el nuevo reglamento aprobado por el Parlamento Europeo en marzo para endurecer la política migratoria. Plazo: antes de octubre de 2026".
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El acuerdo plantea además la creación de un servicio para detectar empadronamientos "ficticios" así como los fraudes en la solicitud de ayudas y "desmantelar mafias vinculadas a 'pisos patera' o sobreocupación" así como proponer una ley al Gobierno que haga que "la inscripción en el padrón sin título habilitante de la vivienda (como en la okupación) sea nula".
Asimismo, el acuerdo busca reclamar al Gobierno central "para que publique trimestralmente los datos de expulsión de inmigrantes ilegales por comisión de delitos, comprometiéndose la Junta a facilitar su propia información estadística competencial". EFE
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