Santander, 1 jul (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que el real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes que el Tribunal Supremo plantea llevar a la Justicia Europea pasó el filtro de control del Consejo de Estado e incorporó todas las recomendaciones de este órgano.
El Tribunal Supremo ha planteado en sendas provindencias la posibilidad de llevar el proceso de la regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.
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Calvo, que ha abierto el ciclo 'Referentes en femenino singular' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, ha manifestado, al ser preguntada por los periodistas por este tema, que no puede adivinar qué pasará, pero que, en cualquier caso, su opinión jurídica debe guardársela por el cargo que ostenta.
"No lo sé (lo que pasará) porque tendría yo mucha capacidad adivinatoria. Lo que sí sé es que pasó el filtro del propio Tribunal Supremo y sobre todo, de lo que yo puedo hablar sin profundizar, porque lo tengo prohibido, es que esa decisión del Gobierno pasó por el Consejo de Estado, es decir, por el control de legalidad y de constitucionalidad que el Consejo de Estado hace", ha destacado.
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Se plantearon, ha recordado, "unas cuantas modificaciones" que fueron incorporadas.
"Es decir, en nuestro orden interno, en lo que afecta al Estado de derecho español, esa decisión política se ha tomado con arreglo a lo que nosotros entendemos que es correcto, al menos en lo que dijimos en nuestro dictamen que, por cierto, se ha seguido", ha incidido.
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Calvo ha añadido que el proceso de regularización que ha emprendido el Gobierno "no es nuevo", sino que se ha hecho varias veces a lo largo de la historia democrática.
Se hace también en otros países y "forma parte de los compromisos que un Estado como el nuestro tiene en materia de derechos", ha manifestado.
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"Las personas que están aquí con nosotros, aunque no sean nacionales españoles, siguen sosteniendo derechos importantes. Se trata de frenar mafias contra estas personas, explotación...", ha advertido la presidenta del Consejo de Estado y exministra.
A su juicio, un país como España, que "es una democracia y un Estado de derecho", tiene la obligación de afrontar este tipo de procesos.
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Sobre si en su opinión hay razones políticas detrás de esta decisión de llevar a la Justicia europea el proceso de regularización, ha considerado que todo en la vida "se mira desde la política".
"Todo lo miramos desde la política porque es nuestra propia naturaleza, todo lo miramos con análisis y te pones en un sitio, te pones en otro... eso es la naturaleza humana. Todos bajo el sol tenemos posiciones políticas", ha aseverado.
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Calvo ha apuntado que los jueces, como todas las personas, tienen opiniones políticas, y "lo que tienen que hacer es trabajar de modo imparcial, que son dos cosas distintas". "No es posible no tener ideas políticas. Nadie le pide a un juez que no las tenga. Lo que le pide la Ley Orgánica del Poder Judicial es que cuando trabajan sean imparciales", ha subrayado. EFE
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