
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado este jueves de “escandalosa” la filtración de conversaciones privadas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha advertido que el caso permitirá evaluar si la Justicia actúa con la misma vara de medir que usó en el proceso contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz. El propio Zapatero se plantea emprender acciones legales después de que se haya difundido de manera íntegra el contenido de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria, Gertrudis Alcázar.
En los últimos días se ha difundido documentación que, a juicio del expresidente, y según aseguraron fuentes de su entorno, excedía ampliamente el objeto de la investigación abierta en la Audiencia Nacional. “Si se inician acciones legales, vamos a comprobar hasta qué punto la Justicia opera con igualdad en función de hechos similares o, desde luego, más graves, en este caso”, ha afirmado el ministro en los pasillos del Congreso, según declaraciones recogidas por Efe.
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El titular de Transportes ha marcado una distinción entre ambos casos: la filtración que afectó a la Fiscalía buscaba desmentir una información que decía “exactamente lo contrario a lo que había sucedido”, mientras que en el caso de Zapatero se habrían difundido datos personales, aspectos de su intimidad, su agenda y conversaciones privadas, algo que calificó de “gravísimo” e “inaceptable”. Entre los detalles filtrados, Puente ha mencionado que se llegó a publicar que Zapatero “se hace las cejas”, además de distribuirse las claves de sus correos electrónicos y el contenido de cenas privadas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha respaldado desde la Cámara Baja al expresidente y afirmó que el Gobierno mantiene “la confianza” en Zapatero y “la presunción de inocencia”. “Hasta que no se demuestre la culpabilidad, una persona es inocente”, subrayó Redondo. En este sentido, el diputado socialista José Zaragoza ha lamentado que “se está instruyendo el sumario en los medios de comunicación” a causa de las filtraciones, lo que a su juicio deriva en “una caza a la persona” y genera “la sensación de que la Constitución no se está respetando”.
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El PP justifica que los mensajes son parte de la investigación
Desde el PP, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha optado por la prudencia y se limitó a señalar que “esos mensajes forman parte de una investigación de la UDEF” y que lo relevante es “lo que piense el juez sobre esos mensajes y esos pagos”, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. La diputada de CC, Cristina Valido, también ha preferido no adelantar valoraciones: “No me voy a pronunciar sobre informaciones de menos de 24 horas”, dijo, y añadió que “hablar de más en estos temas puede hacer daño gratuito”.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado una regulación de “la frontera entre la asesoría y el tráfico de influencias” en la figura de los expresidentes del Gobierno, a la vez que consideró que Zapatero “debería dar explicaciones, ya tarda”. Rufián también ha criticado la habitualidad de las filtraciones y auguró que si algún juzgado lo investigara a él, “se va a filtrar en algún digital de derechas”.
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Enrique Santiago, de IU y Sumar, ha incidido en la necesidad de regular las actividades de los expresidentes, al señalar que lo que para José María Aznar y Felipe González se considera consultoría “para otros parece ser que es tráfico de influencias”. Por su parte, Aina Vidal, diputada de Comuns y Sumar, pidió esperar a que las informaciones “se vayan contrastando” antes de emitir un juicio sobre “la envergadura” del caso.
Andrés Ibáñez, de Compromís y Sumar, puso el foco en el daño democrático que supone que se filtre si Zapatero “fue a la peluquería, al médico o comió con un periodista”, y calificó esas prácticas de gravemente perjudiciales para la democracia.
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Con información de Efe
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