Hallan indicios de malversación y prevaricación al edificar el centro comercial de Melilla

 Melilla, 23 jun (EFE).- La Brigada Provincial de Policía Judicial Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Melilla ha señalado en un informe indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por valor de unos 7 u 8 millones de euros en la construcción del centro comercial de la ciudad.

El informe, adelantado este martes por El País y al que ha tenido acceso EFE, fue remitido al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de Melilla, en el marco del caso Santiago-Rusadir, que investiga una presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales de 2023, y que ahora ha acordado deducir testimonio por estos supuestos hechos.

Según un auto judicial de este tribunal fechado el 7 de mayo, al que ha accedido EFE, en uno de los registros de esta causa en marzo de 2024, en el domicilio de un empresario de Melilla, se intervino “un documento compuesto por una sola hoja foliada y sellada, donde de forma manuscrita, consta un esquema que su autor denomina "Operación Valenzuela”.

El informe de la UDEF de Melilla fechado el 4 de marzo de este año y firmado por su inspector, señala “elementos de relevancia” en el documento intervenido en el registro del empresario y en la información que aportó una fuente confidencial, que serían indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y otras tipologías delictivas asociadas, sin relación con la operación Santiago-Rusadir.

La magistrada indica que este documento, de autoría desconocida, versa sobre la adquisición de unos terrenos al Ministerio de Defensa, situados en la Carretera Cuartel de Valenzuela y donde actualmente se encuentra el centro comercial de esta ciudad, denominado Parque Murias, inaugurado en noviembre de 2017.

La fuente confidencial aportó información que estaría vinculada con el documento manuscrito intervenido sobre un presunto fraude durante la construcción del centro comercial, por el cual los terrenos que Defensa cedió a la Ciudad Autónoma fueron ofrecidos en subasta pública tras modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU) para beneficiar a las tres empresas que participaron en la licitación del proyecto para que fueran las únicas adjudicatarias, señala el informe.

Según esta información, el objetivo era “obtener un gran beneficio económico de la construcción del centro comercial, eludiendo el pago de impuestos locales [...], cuantificando el valor de lo defraudado entorno a los siete u ocho millones de euros” que “pudieran haber tenido como destino final unas cuentas bancarias ubicadas en Gibraltar (paraíso fiscal), cuyos titulares serían supuestamente las personas implicadas en el proyecto, junto con cargos políticos, que favorecieron la omisión de la obligación del pago de los correspondientes tributos”.

El Gobierno de Melilla (PP) ha desmentido el informe de la Policía Nacional al asegurar en un comunicado que el contenido del informe “no se corresponde con la realidad administrativa ni con los hechos efectivamente acontecidos, carece del más mínimo rigor técnico y jurídico” y no ha sido contrastado con los órganos administrativos que tramitaron los expedientes con “absoluta corrección” y los informes técnicos y jurídicos.

Asegura que la Ciudad Autónoma puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos relacionados con aquellos locales comerciales que no habían cumplido con sus obligaciones de autodeclaración del IPSI, “actuando en todo momento con diligencia, transparencia y en defensa del interés público”.

Ante esta situación, ha avanzado su intención de ejercer acciones legales contra “los autores, responsables y partícipes de la elaboración, filtración y difusión de dichas informaciones, así como frente a quienes atribuyan o reproduzcan imputaciones delictivas carentes de sustento real que atenten contra el honor y la reputación de esta Administración y de sus empleados públicos”. EFE

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