
La condena de 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos resulta completamente desproporcionada para algunos integrantes del Gobierno que se quejan de que le ha caído una pena muy elevada, prácticamente una "cadena perpetua" debido a su edad, mientras "el corruptor" Víctor de Aldama no tiene que entrar en la cárcel y se ha quedado con cerca de cuatro millones de euros.
Una ministra considera que el Tribunal Supremo no ha respetado el principio de proporcionalidad al sentenciar a Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años mientras Aldama "se lo ha llevado crudo y ni siquiera va a entrar en prisión", después de que los tres fueran condenados por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.
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En ese sentido señala que debería de haber una "proporción entre el corrupto y el corruptor" pero el Supremo, apunta, ha optado por evitarle la prisión a Aldama mientras condena al exministro a una pena que, a su juicio, supone una "cadena perpetua". Ábalos tiene ahora 66 años y tendrá que cumplir 16 años de pena por lo que saldría de la cárcel con 82 años.
En la misma línea apuntan a que el número de años que tendrá que cumplir el también exsecretario de Organización del PSOE es excesivo y recalcan que hay condenados por delitos más graves como el asesinato de mujeres sentenciados a penas inferiores.
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PONEN EN CUESTIÓN LA APORTACIÓN DE ALDAMA A LA JUSTICIA
Además, ponen en cuestión la aportación de Aldama para obtener una reducción tan considerable, a pesar de que el Supremo dice que aportó "datos e información relevante sobre la constitución, dimensión y desarrollo de las actividades de la organización criminal".
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En concreto el TS sostiene que el empresario aportó documentación que acreditaría el inicio de las relaciones con Ábalos que el ministro negaba y eran desconocidas por los investigadores, así como el contrato de arrendamiento con opción de compra del piso del Paseo de la Castellana.
También aportó "información relevante sobre el posible amaño en adjudicaciones de obras públicas" que está siendo investigada en distintos juzgados de instrucción pero en el Ejecutivo consideran que es información que ya tenía la Guardia Civil.
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SE HA QUEDADO 3,7 MILLONES
Las fuentes consultadas también lamentan que Aldama no tenga que devolver los 3,7 millones de euros de multa que pedía la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho con las adjudicaciones de mascarillas y solo tenga que devolver las ganancias obtenidas por el delito de cohecho, unos 430.000 euros más dos multas que suman unos 72.000 euros.
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Estas decisiones, señalan en el Ejecutivo, envían un mal mensaje a la ciudadanía, que la ley no se aplica a todos por igual, advierten.
En la misma línea, otro ministro ve "inenarrable" que los magistrados del Supremo le eximan de pagar esos 3,7 millones de euros y hace hincapié en que la Fiscalía lo solicitaba y considera que esta posición del Alto Tribunal hacia Aldama va a tener repercusión electoral en contra del Partido Popular porque puede agitar a los votantes de la izquierda.
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