Cáceres, 9 jun (EFE).- El policía nacional condenado por la muerte de un preso fugado en Cáceres en 2018 ha solicitado ser declarado insolvente para que el Estado asuma el pago de la indemnización derivada de la sentencia, que supera los 169.000 euros, al considerar que carece de capacidad económica para afrontar una responsabilidad civil que, sumadas multas, intereses y costas judiciales, ronda los 206.000 euros.
El abogado defensor Ángel Luis Aparicio ha informado a EFE de que la petición ha sido presentada ante la Audiencia Provincial de Cáceres durante la fase de ejecución de la sentencia, después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara la condena por homicidio imprudente.
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La defensa sostiene que el agente percibe unos 1.800 euros mensuales, mantiene a dos hijos y a una esposa sin empleo y “apenas dispone de margen económico al final de cada mes”.
Según ha explicado Aparicio, se ha aportado toda la documentación económica necesaria para acreditar la situación patrimonial del condenado.
El letrado considera “inviable” que su cliente pueda hacer frente a una cuantía que “supera ampliamente sus ingresos”.
De forma paralela, compañeros del Cuerpo Nacional de Policía han impulsado una campaña de apoyo económico para ayudar al agente a afrontar las consecuencias de la condena.
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La campaña de donaciones, habilitada a través de una plataforma de financiación colectiva y una cuenta bancaria específica, ha recaudado cerca de 40.000 euros durante el pasado mes de mayo.
La situación se produce tras la sentencia dictada en marzo por el Supremo, que revocó la absolución acordada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y recuperó el criterio mantenido por la Audiencia de Cáceres, que había condenado al agente por homicidio por imprudencia menos grave.
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Los hechos ocurrieron durante el traslado de un preso de 24 años desde el Centro Penitenciario de Cáceres al Palacio de Justicia. El recluso, que portaba una muleta, logró huir en los aparcamientos subterráneos del complejo judicial y se inició una persecución en la que lanzó una piedra contra el policía.
Según los hechos probados, el impacto provocó la caída del agente y el disparo accidental de su arma reglamentaria, alcanzando mortalmente al fugado.
Aunque los tribunales descartaron la existencia de intención de matar, el Supremo concluyó que el policía actuó de “forma imprudente al portar el arma sin el seguro activado y con el dedo en el gatillo; generando un riesgo innecesario” que fundamenta la condena. EFE
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