Leire Díez denuncia una "injerencia desmesurada" en sus comunicaciones, claves en la causa

Madrid, 8 jun (EFE).- La exmilitante socialista Leire Díez ha manifestado que el acceso a sus comunicaciones durante cinco años supone una "injerencia desmesurada y desproporcionada", y ha denunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedió de manera ilegítima a su móvil tras su arresto, el pasado diciembre.

La defensa de Díez carga así contra uno de los elementos nucleares en la evolución de la investigación, que arrancó con supuestas mordidas en contratos públicos y ha desembocado en una presunta trama para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

Los informes policiales que obran en el sumario están repletos de conversaciones por mensajería mantenidas entre Leire Díez y otros investigados, así como grabaciones de conversaciones entre los implicados.

Tras levantarse el secreto de sumario, han salido a la luz mensajes de Díez en los que, por ejemplo, decía que su "prioridad en todo esto" es "el presidente" o "ayer hablando con Santos le dije que además de destruir lo malo, al presi hay que ayudarle a generar ecosistemas de apoyo".

Sin embargo, la defensa de la también extrabajadora de las empresas públicas Enusa y Correos ha cuestionado el acceso a sus comunicaciones al recurrir el auto en el que el juez, a petición de la UCO, solicitaba a operadoras telefónicas el listado de comunicaciones entrantes y salientes de Díez desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenida.

Dice la abogada que ese visto bueno del juez parte "de una solicitud de la UCO que ha sido emitida a raíz de la intervención del teléfono móvil de los investigados en el momento de su detención y el acceso ilegítimo al mismo, pues solo a raíz de ello puede la UCO sospechar irregularidades en el contenido del teléfono y saber qué hay en él".

No hay -sostiene- base fáctica objetiva para autorizar tal medida, pues la UCO no especificó en qué elementos se apoya para creer que existen comunicaciones de los investigados con otras personas o por qué tendrían relevancia penal.

Rechaza así que "meras sospechas" no pueden ser base para solicitar y acordar "la injerencia en las comunicaciones", y subraya "la nulidad de tal medida al partir de un acto completamente nulo por parte de la UCO".

Especialmente crítica es con el periodo "completamente extralimitado" de análisis de sus comunicaciones, cinco años, " cuando los hechos por los que se ha incoado la presente causa se circunscriben al periodo temporal 2021-2023". En su opinión, esa petición busca "obtener más posibles elementos probatorios".

Por eso cree que los investigadores han alegado "motivos genéricos y poco precisos para justificar la solicitud de la autorización judicial a tal medida" en una investigación que considera "prospectiva".

Para la abogada, "habría sido tan sencillo como solicitar" a Díez que aportase sus comunicaciones entre 2021 y 2023.

Con todo, la letrada pide revocar el auto que solicitaba a compañías telefónicas el "listado de las comunicaciones entrantes y salientes" de Díez o, subsidiariamente, circunscribir la medida entre 2021 y 2023, expulsando de la causa "todas las comunicaciones, mensajes, llamadas, archivos y material instructor" que exceda ese periodo. EFE