España recibe al papa con un mecanismo en marcha para indemnizar a las víctimas de abusos

Raquel de Blas

Madrid, 2 jun (EFE).- El papa León XIV llegará a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, con la puesta en marcha de un sistema mixto entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a las víctimas cuyos casos hayan prescrito.

De hecho, una de las principales incógnitas de la agenda del viaje del pontífice durante su estancia en España del 6 al 12 de junio es si se reunirá con víctimas de abusos. La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) ha pedido reunirse con Robert Francis Prevost, pero el Vaticano no informa de este tipo de encuentros privados, que en todo caso se hacen públicos a posteriori por boca de sus protagonistas.

Un encuentro que desde la Conferencia Episcopal Española (CEE) consideran que "sería bueno", como reconoció tras la última Asamblea Plenaria de los obispos el pasado mes de abril su secretario general y portavoz, César García Magán, que incidió en que "la agenda la hace el papa, no nosotros".

Habrá que esperar para ver si León XIV decide mantener la tendencia marcada por sus antecesores ya que tanto Benedicto XVI como Francisco se reunieron con asociaciones de víctimas de abusos durante sus viajes apostólicos, marcando un cambio significativo en la forma en que la Iglesia Católica aborda este tema.

En España, hace cuatro años que las víctimas se reunieron con el entonces presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces no ha vuelto a producirse un encuentro con la cúpula eclesiástica, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la institución el día que lo eligieron presidente de la CEE en marzo de 2024.

Con un "gran malestar" por parte de las víctimas y una sensación de deuda no saldada, España ha estrenado hace menos de dos meses un sistema inédito de reparación entre el Estado y la Iglesia para los casos en los que ya no es posible la vía judicial y en los que el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra a la hora de establecer la indemnización que pagará la Iglesia.

Aunque el pacto fue clave para encarrilar y anunciar la visita oficial del papa León XIV, la Conferencia Episcopal siempre ha sostenido que este viaje nunca estuvo condicionado a aprobar el plan de reparación  a las víctimas.

España es el primer país que recibe a un papa con un recién estrenado sistema de reparación a víctimas de abusos eclesiales, un mecanismo híbrido diseñado para reconocer y compensar a quienes nunca obtendrán una sentencia judicial por haber prescrito sus  casos, pero que aún despierta recelos entre las asociaciones de supervivientes.

Según el protocolo firmado el 30 de marzo para materializar el acuerdo alcanzado en enero por el Gobierno, la CEE, la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo estará vigente un año, prorrogable a un segundo, y podrán acudir todas las víctimas cuyos casos hayan prescrito.

Quienes ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) también podrán usarlo. Será a partir de ahora, cuando las víctimas tengan que elegir si recurren al nuevo mecanismo o al PRIVA.

Lo harán a través de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que desde que ha comenzado a funcionar ha recibido 377 solicitudes, muchas más que las peticiones presentadas en el plan PRIVA desde su creación, y que contabilizó 89 en un año.

Unas solicitudes de reparación que la oficina remite a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo -de esas 377 ya analiza 317-, formada por especialistas y profesionales independientes, que elaborará la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra y la Iglesia responderá económicamente o con cualquier medida de reparación a la que dé lugar el proceso.

El camino para alcanzar este inédito acuerdo ha sido largo y ha puesto a prueba la credibilidad de la Iglesia, que en poco más de una década ha pasado de gestionar los abusos sexuales como casos aislados y de forma silenciosa a contar con una estructura estable de oficinas, datos y mecanismos de reparación propios, ahora integrada en el nuevo sistema mixto con el Estado.

A finales de los años 90 y durante los 2000, los casos se abordaban casi siempre a nivel local, sin recuento global ni investigación impulsada desde la CEE, y la respuesta quedaba en manos de cada diócesis o congregación.

Fue en 2018 cuando, bajo la presión de las directrices del Vaticano y de la opinión pública, la Conferencia Episcopal creó una comisión de trabajo sobre delitos a menores y ya, en 2020, puso en marcha las oficinas de protección de menores en todas las diócesis y muchas órdenes religiosas para denunciar estos casos y atender a las víctimas, tal y como obligaba el motu proprio del papa Francisco 'Vos estis lux mundo'.

Durante el año pasado, las 262 oficinas recibieron 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores, lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas por la Iglesia desde la creación de este canal en 2020.

Por primera vez, la CEE empezó a recopilar de forma sistemática los datos que llegan a esas oficinas, y en 2021 encargó al despacho Cremades & Calvo‑Sotelo un informe sobre abusos que, junto al trabajo interno, desemboca en el documento 'Para dar luz', presentado como una primera radiografía elaborada por la propia Iglesia.

 En paralelo, el Defensor del Pueblo recibió del Congreso el mandato de investigar los abusos en la Iglesia. En su informe, presentado en 2023, no cuantifica el número total de posibles víctimas y se limita a recoger los datos de una encuesta a 8.013 personas que revela que el 1,13 % de los españoles mayores de edad ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.

En 2024, la Iglesia lanzó su propio plan de reparación (PRIVA) con una comisión asesora que examina casos y propone indemnizaciones y gestos de reconocimiento con cargo a diócesis y congregaciones. Hasta comienzos de 2026, este mecanismo acumula algo más de un centenar de solicitudes, un volumen modesto en comparación con las cifras globales.

Tras meses de negociaciones con el Gobierno, la Iglesia aceptó finalmente dar un paso más y en enero de este año se firmó el acuerdo que se materializa en el nuevo sistema mixto de reconocimiento y reparación para las víctimas, que llega en plena preparación de la visita del papa. EFE