El exministro Fernández Díaz declara este jueves como acusado en el juicio por el presunto espionaje a Bárcenas

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz declara este jueves ante la Audiencia Nacional como acusado en el juicio por la 'Operación Kitchen', la presunta operación parapolicial orquestada en el Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

Antes que él, lo hará el que fuera su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que será el primero de los acusados en declarar tras dos meses de juicio por el que han pasado más de 150 testigos y en el que se han escuchado decenas de audios durante las pruebas documentales.

Por estos hechos, que presuntamente fueron orquestados desde el Ministerio del Interior, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. En el caso de Martínez, el Ministerio Fiscal también pide la misma pena de cárcel.

Anticorrupción detalla que la supuesta operación estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el 'caso Gürtel' que investigaba la Audiencia Nacional.

LA INFORMACIÓN DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

En concreto, el objetivo era hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa", según la Fiscalía.

"Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al procedimiento judicial", añade el Ministerio Fiscal.

El mecanismo, según Anticorrupción, era el siguiente: el entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que fue captado como confidente por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, le reportaba toda la información y documentación sobre el extesorero a él y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, así como al comisario Andrés Gómez Gordo.

Estos a su vez le transmitían la información al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y a Martínez, que informaban de todo ello a "Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior".

MENSAJES DE FERNÁNDEZ DÍAZ TIENEN INDICIOS DE MANIPULACIÓN

Durante la prueba policial del juicio se analizaron mensajes de texto que el exministro Fernández Díaz habría enviado a su ex 'número dos', Francisco Martínez, dando cuenta del volcado de dispositivos del extesorero del PP llevado a cabo por parte de expertos de la Policía Nacional, así como interesándose por el chófer, también acusado en este juicio.

En concreto, uno de los mensajes, que fue reproducido en la vista oral, tenía fecha del 18 de octubre de 2013 y rezaba lo siguiente: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".

En el juicio quedó acreditado que la fecha de ese mensaje habría coincidido en el tiempo con el clonado del contenido de varios dispositivos electrónicos de Bárcenas, un trabajo que, según reconocieron en el juicio los agentes que lo llevaron a cabo, se realizó en octubre de 2013 en una cafetería 'Vips' del centro de Madrid.

Francisco Martínez protocolizó los mensajes ante notario para certificar que los había recibido de Fernández Díaz. Sin embargo, el perito informático que los analizó, que declaró en el juicio a propuesta de Fernández Díaz, señaló que detectó "indicios de manipulación" y que no pudo garantizar que fueran enviados por el exministro.

LOS ACUSADOS

Tras las declaraciones de Martínez y Fernández Díaz, irán a testificar el resto de acusados, entre los que se encuentran Pino y Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

La pena más alta la solicita el Ministerio Fiscal es de 19 años de prisión para Villarejo, mientras que para el chófer de Bárcenas reclama una pena de 12 años y cinco meses de cárcel y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.

Asimismo, para el jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.

También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios. No se sentará en el banquillo García Castaño por "incapacidad mental sobrevenida" tras sufrir un ictus en 2022.

INDEMNIZACIONES DE HASTA 57.943 EUROS

El escrito de acusación de Anticorrupción incluye que los acusados deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a Bárcenas con la cantidad de 6.000 euros, y a su esposa con 3.000, por ese presunto espionaje a su intimidad, advirtiendo los fiscales de que de ese dinero responderá subsidiariamente la Administración General del Estado.

Además, considera que Fernández Díaz, Martínez y Pino deberán indemnizar a la Administración del Estado, de manera conjunta y solidaria, en la cantidad de 57.943 euros por el presunto delito de malversación --el dinero que le dieron de los fondos reservados al chofer de Bárcenas y a Villarejo durante la operación--.

Y añade que respecto de esa cantidad total responderán también, de manera conjunta y solidaria, Ríos en la cantidad de 54.700 euros, Villarejo en 47.243 euros y Gómez Gordo en 10.000 euros.