El TSJ reduce de cinco años a uno la pena a un hombre condenado en Burgos por pornografía infantil

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reducido de cinco años de prisión a uno la condena por distribución de pornografía infantil que impuso la Audiencia Provincial de Burgos a un hombre el pasado mes de enero.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, considera que los hechos probados acreditan la distribución de cuatro archivos de vídeo ya existentes, sin que haya quedado acreditado que el acusado participara en la elaboración o producción del material, según la información del Gabinete de Prensa del citado tribunal recogida por Europa Press.

En consecuencia, el tribunal descarta la aplicación del subtipo agravado previsto en el Código Penal, al entender que éste exige la utilización directa de menores en la creación del contenido, algo que no concurre en el caso enjuiciado. Asimismo, la Sala valora la colaboración del acusado con la investigación, al haber facilitado el acceso a sus dispositivos y al contenido examinado, circunstancia que se aprecia como atenuante a efectos de individualizar la pena.

La resolución fija finalmente una la condena de un año de prisión, junto con la inhabilitación para actividades con menores durante tres años y una medida de libertad vigilada por el mismo periodo, que se ejecutará tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos probados se remontan al 23 de abril de 2022, cuando una investigación de la Unidad Central de Ciberdelincuencia detectó la subida a Internet de cuatro archivos de vídeo con pornografía infantil de menores de 16 años. Las pesquisas policiales rastrearon la dirección IP hasta el domicilio en Burgos donde residía el acusado en aquel periodo. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2022, se localizó una conversación en la aplicación WhatsApp en la que el acusado intercambió otros cuatro vídeos de idéntica naturaleza con otro usuario.

Durante el registro judicial autorizado en su vivienda el 31 de octubre de 2024, el acusado mantuvo una actitud de colaboración completa y activa con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. El acusado hizo entrega voluntaria de su teléfono móvil de la marca Apple y facilitó tanto el código PIN de apertura como el de su tarjeta SIM.