El riesgo para un infiltrado llevó al archivo previo al decomiso de 650 kg de coca en Vigo

Vigo, 14 may (EFE).- El riesgo para un agente infiltrado que se estaba reuniendo con un presunto grupo dedicado al narcotráfico para organizar una importación de droga de Sudamérica a través de los puertos de Galicia llevó a la Policía a pedir el archivo provisional de esta investigación que luego se retomó y permitió decomisar 650 kilos de cocaína en Vigo.

Cuatro personas se sientan en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acusadas de formar parte de esa red que, entre julio de 2022 y abril de 2023, intentaba mover grandes cantidades de droga que llegaba a los puertos españoles en contenedores de fruta.

No está entre los procesados el presunto líder de la trama, el malagueño Damián R.U., que se encuentra en paradero desconocido y que pretendía que, tras varias reuniones con el agente encubierto, este viajara a Colombia para reunirse con los responsables de envío de la droga para así poder confiar en él.

Según ha relatado este jueves en el juicio el que entonces era inspector jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) en Vigo, la Policía solicitó el archivo provisional de la investigación debido a que en una reunión que se celebró en Málaga en agosto de 2022 fue descubierto un coche policial que participaba en la vigilancia.

Por eso no consideraron seguro seguir con esa investigación toda vez que el cabecilla exigía que el infiltrado viajara a Sudamérica.

Así lo ha corroborado también el responsable de la Sección de Actividades Especiales (SAE) de la que dependían los agentes encubiertos, quien ha aventurado que, si el agente infiltrado no podía viajar a Colombia, la operación se "iría al traste", por lo que se solicitó el archivo provisional en noviembre de 2022.

Sin embargo, un tiempo después se reactivó porque el líder de la trama en España "relajó esas exigencias" del viaje a Colombia y, "cuando esas trabas" desaparecieron, se puso en conocimiento de la Fiscalía Antidroga para solicitar la reapertura del procedimiento, que fue decretada en febrero de 2023.

El día en que se dirimieron las cuestiones previas, las defensas criticaron ese archivo provisional de la causa al considerar que la Policía ocultó a la Fiscalía Antidroga que la operación seguía en marcha durante ese periodo.

El responsable de la SAE también justificó por qué no se entregaron los teléfonos de los agentes infiltrados para acceder a las conversaciones que mantuvieron por Telegram con el supuesto grupo criminal, otro aspecto criticado por las defensas.

Esos terminales, ha dicho el responsable policial, llevan datos de geolocalización 24 horas, registran "toda su vida personal y profesional" y "cualquier posibilidad de que acabe donde no debe", en una organización criminal, "es arriesgar la vida de los agentes encubiertos".

Así, ha reivindicado a los policías infiltrados como "una de las escasas herramientas" de las que se disponen en la lucha contra las organizaciones criminales y ha incidido en la "dificultad" que supone encontrar gente que decida, siendo funcionario público, "complicarse hasta tal punto la vida y arriesgar su integridad y la de su familia".

También ha detallado que fue una nota de la Administración para el Control de Drogas (DEA) norteamericana la que puso en marcha la operación en julio de 2022 y, como sabían que la organización criminal en España buscaba gente en Galicia para introducir la droga, aprovecharon las circunstancias para que contactara con ellos el agente encubierto que acudió a la primera reunión en el restaurante O Castro de Vigo aquel mismo mes.

Tras esa primera toma de contacto, en la que no participó el líder del grupo en España, hubo otras dos aquel verano en Málaga, una en una vivienda privada y otra en una peluquería cerrada, según ha detallado el responsable de Udyco.

A finales de 2023 fueron intervenidos en Vigo 651,6 kilogramos de cocaína —650 tabletas con un logo de herradura con perfil de cabeza de caballo— con una pureza del 81,16 % y un valor en el mercado ilícito superior a 25 millones de euros.

La Fiscalía acusa a los cuatro procesados de delitos contra la salud pública en relación con sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, cometidos por organización criminal. Solicita para cada uno 12 años de prisión y una multa de 100 millones de euros. EFE