Oviedo, 14 may (EFE).- El Gobierno del Principado recurrirá la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que condenó a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron aislados durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa situada a las afueras de Oviedo, al no compartir que el tribunal no haya tenido en cuenta el delito de detención ilegal en su decisión.
La sentencia les condenó a cada uno de ellos a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absolvió del delito de detención ilegal del que estaban acusados.
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Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, estarán inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, y en concepto de responsabilidad civil deberán indemnizar a cada uno de sus hijos con 30.000 euros.
Tras conocerse el fallo el pasado lunes, la consejera asturiana de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha avanzado este jueves que el Principado, que se personó en la causa penal al asumir la administración autonómica la tutela de los tres niños, recurrirá la decisión del tribunal.
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"No compartimos que la Audiencia no haya tenido en cuenta el delito de detención ilegal", ha señalado Del Arco, que ha añadido que los niños siguen "una evolución lenta" por todo lo vivido y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven "perfectamente con otros niños" y están escolarizados.
La Fiscalía solicitaba para cada uno de los progenitores, que fueron juzgados a puerta cerrada el pasado mes de marzo, un total de 25 años por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal.
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Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, que estuvieron aislados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado.
Durante el juicio, el matrimonio admitió que la situación familiar era anómala pero insistió en que siempre trató de hacer lo mejor para los niños.
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La defensa sostuvo ante el tribunal que no podía hablarse de detención ilegal sino de un "aislamiento voluntario" por parte de unos padres que habían estado enfermos de coronavirus, y que presentaban un "miedo insuperable" a enfermar de nuevo, por lo que decidió autoconfinarse y educar a sus hijos en la casa.
Además, los abogados de los padres lamentaron que los hechos derivaran en una causa penal, cuando a su juicio la situación se podría haber afrontado desde el ámbito de los servicios sociales.
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La Fiscalía, que sí calificó los hechos de detención ilegal, remarcó que los niños estuvieron privados de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales durante casi tres año y medio en los que no tuvieron comunicación alguna con el mundo exterior, ya que ni siquiera salían al jardín. EFE
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