Por Andalucía propone una ley de empleo público que acabe con la "precariedad estructural"

Guardar
Google icon

Sevilla, 13 may (EFE).- Por Andalucía se ha comprometido a impulsar una ley de estabilidad en el empleo público para "poner fin a décadas de precariedad estructural" en la administración regional y garantizar derechos laborales a "miles de trabajadores interinos que sostienen cada día los servicios públicos esenciales".

La propuesta llega tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que abre una nueva vía jurídica y política para reconocer la estabilidad del personal temporal en situación de abuso, ha indicado la formación en un comunicado.

PUBLICIDAD

Ha precisado que el alto tribunal considera que, cuando una persona ha superado un proceso selectivo real conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, la conversión en personal fijo no resulta contraria a la Constitución aunque no obtuviera plaza por falta de vacantes.

La coalición que encabeza Antonio Maíllo en las elecciones del próximo domingo considera que Andalucía es uno de los territorios más afectados por este problema, especialmente en la sanidad pública y en la educación, donde miles de profesionales llevan años encadenando contratos temporales para cubrir necesidades estructurales.

PUBLICIDAD

“No es razonable que quienes sostienen hospitales, centros de salud, colegios e institutos vivan en la incertidumbre permanente mientras la propia administración reconoce con sus hechos que esas plazas son necesarias y permanentes”, defienden desde la formación.

Esta norma establecería un procedimiento extraordinario de reconocimiento administrativo del abuso de temporalidad para evitar que miles de trabajadores "tengan que acudir individualmente a los tribunales".

Además, adaptará los procesos de estabilización y consolidación a la nueva doctrina judicial, priorizando especialmente al personal sanitario y educativo, sin obligarles a superar un nuevo proceso selectivo competitivo.

Desde Por Andalucía señalan que la Junta “no puede seguir gastando dinero público en litigar contra quienes sostienen los servicios públicos andaluces” y reivindican una solución política “justa, garantista y compatible con los principios constitucionales para miles de profesionales que llevan años desempeñando funciones estructurales en condiciones de precariedad". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD