María López
Madrid, 9 may (EFE).- El juicio del caso Kitchen ha alcanzado su ecuador en una semana, la quinta, en la que el testimonio de mayor peso ha sido el del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, que negó la implicación de esta institución en una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
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En las últimas cuatro jornadas, la Audiencia Nacional ha podido presenciar testimonios que muestran también choques entre varios comisarios y ha abordado uno de los interrogantes de la causa: la plaza que el chófer de Bárcenas y presunto confidente de la trama, Sergio Ríos, logró por oposición en la Policía Nacional.
"Ni por acción ni por omisión" intervino el CNI en la operación Kitchen, según quien fuera su director entre 2009 y 2019, que, además, negó la legalidad de un dispositivo como el que se investiga, orquestado presuntamente por la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2015.
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"Cero absoluto. El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita y aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Y ningún Gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido", sostuvo el lunes.
Junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez se sientan en el banquillo ocho policías, varios de ellos comisarios. En el juicio han ido aflorando sus choques y diferencias.
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La defensa del excomisario José Manuel Villarejo ha cuestionado en varias ocasiones los análisis que se hicieron sobre este agente a raíz de un informe de la Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), apuntando tanto a órdenes del ex número dos de la Policía, el que fuera director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, como a Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos, también acusados.
Ante el tribunal testificó el pasado martes una agente que denunció maniobras de un superior, el que fuera jefe de Vigilancias Jesús Vicente Galán, para que hablase contra Martín Blas, cuando ambos formaban parte de una comisión judicial -la del caso de "El pequeño Nicolás- que salpicó a Eugenio Pino, porque sus pesquisas llevaron a pedir su imputación.
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Galán, que durante la instrucción estuvo imputado, testificó que Martín Blas le encomendó vigilar a la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, con el argumento de que estaba "en peligro". El suyo no es el único testimonio sobre vigilancias de Asuntos Internos en el verano de 2013, que coincidieron con otros seguimientos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), según la investigación.
Un empresario, Javier Pérez Dolset, declaró que el ex número dos de Interior le habló de instrucciones del ministro Fernández Díaz y de la que era entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal sobre Kitchen. Este testigo es un conocido de la Justicia porque está investigado por maniobras contra jueces o fiscales, junto a la exedil del PSOE Leire Díez, y también por un presunto fraude de subvenciones públicas.
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Dolset testificó porque en la causa figuran tres grabaciones aportadas por él a la Justicia de conversaciones entre Villarejo y Francisco Martínez. Se las dio un hombre "disfrazado" y las desenscriptó. La defensa de Villarejo, que intentó anular esta prueba, se preguntó si este testigo "pertenece a lo que se ha llamado la cloaca del partido socialista".
Otra pata tocada esta semana es la plaza como policía nacional lograda por parte del chófer de Bárcenas y presunto confidente de la trama. La obtuvo por oposición en 2015, pero la Fiscalía quiere anular el nombramiento porque en la causa figura un audio en el que Villarejo propone al entonces número dos de Interior hacer policía al conductor para tenerle "trincado".
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Dos personas responsables de la oposición, quien fuera jefe de Procesos Selectivos de la Policía y un miembro del tribunal, negaron filtraciones del examen y sostuvieron que todos los aspirantes se sometieron a la misma prueba. El exchófer está suspendido de empleo y sueldo en la Policía a la espera de la sentencia.
El jueves.+, el técnico que instaló cámaras en el domicilio de Luis Bárcenas, por un encargo del chófer, declaró que fue la mujer del extesorero quien abonó la instalación con tres billetes de 500 euros "nuevecitos". La abogada de la familia Bárcenas, Marta Giménez Cassina, estudia emprender acciones legales por falso testimonio y niega que Rosalía Iglesias efectuara el pago.
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Las cámaras se colocaron en el interior de la vivienda pero apuntaban al descansillo exterior de las dos puertas del piso, como "mirillas", según el testigo.
Estos han sido los principales hitos de una semana en la que un funcionario de prisiones negó que Bárcenas fuese un preso incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES). El tribunal pasará en los próximos días a escuchar peritos y exhibir pruebas documentales, incluidos audios de Villarejo. EFE
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(Recursos de archivo en EFEServicios: 55020126853)
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