
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no tuvo "actividad ninguna" en la 'Operación Kitchen' porque era "ilegal". Es la principal idea que sostuvo Félix Sanz Roldán, exdirector del centro, en la quinta semana del juicio sobre el presunto espionaje para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, que también ha acogido las testificales de dos mandos policiales que negaron trato de favor a Sergio Ríos, chófer del extesorero y supuesto confidente de la trama, en las oposiciones de ingreso a la Policía Nacional.
El proceso juzga el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer información sensible a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, así, la investigación sobre el 'caso Gürtel', que indagaba en la existencia de una contabilidad opaca en el seno de la formación política.
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En su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN), Sanz Roldán, que estuvo al frente del CNI entre 2009 y 2019, fue tajante: "El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso por el que se está preguntando. Ninguna, cero absoluto. Ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido".
En un interrogatorio de media hora, el exjefe de la Inteligencia española negó que hubiera denunciado por "inquina personal" al comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio. Según su relato, lo hizo para proteger a sus subordinados de "mentiras tan crueles" que había vertido Villarejo sobre ellos.
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NINGUNA ORDEN PARA AYUDAR AL CHÓFER A ENTRAR EN LA POLICÍA
Uno de los extremos que se juzgan es si se facilitó la entrada en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, acusado en el juicio por haber sido captado como supuesto confidente de la presunta trama para dar información sobre los movimientos de Bárcenas y su entorno.
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En la sesión del jueves, el presidente del tribunal de las oposiciones a la Policía Nacional que evaluó la prueba de acceso de Ríos negó que recibiera ninguna instrucción o recomendación relativa a facilitar su ingreso a la Policía Nacional.
El mando policial dijo no tener conocimiento de que Ríos pidió ayuda para entrar en la Policía por ser chófer de Bárcenas y ser colaborador del Cuerpo. "Rotundamente no", manifestó, afirmando, además, que desconocía quién le hizo la entrevista personal una vez pasado el primer corte.
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EL TESTIMONIO QUE CONTRADICE AL INVESTIGADOR DE 'GÜRTEL'
Otra de las testificales clave de la quinta semana de la vista oral fue la del comisario general de Policía Judicial entre 2013 y 2015, José Santiago Sánchez Aparicio, que señaló que fue informado por el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, acusado en el juicio, sobre una "operación de inteligencia" sobre el entorno de Luis Bárcenas.
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Sánchez Aparicio también se refirió a una de las explicaciones ofrecidas por el exinspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional Manuel Morocho, investigador principal del 'caso Gürtel'.
Una semana antes que Sánchez Aparicio, el inspector Morocho, que describió 'Kitchen' como "una operación policial sin autorización judicial" sobre Bárcenas y admitió presiones para no incluir el nombre de Rajoy en informes sobre la contabilidad B del PP, declaró en el juicio que hubo "una estrategia" para desmantelar la unidad investigadora de 'Gürtel' que comandaba.
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Sánchez Aparicio, sin embargo, apreció que Morocho tenía un grupo investigador "normal", con "un funcionario más" o "un funcionario menos". "Yo le propuse potenciar su unidad a través de los funcionarios de la Unidad Central de Inteligencia Criminal, que son muy buenos y, además, tienen herramientas suficientes que no tiene el investigador en el ámbito del análisis. Entonces él me dijo que no, que el problema que se suscitaba es que cada vez que venía alguien nuevo tenía que prepararlo", declaró.
El jefe de la Policía Judicial dijo que Morocho nunca le comentó que estaba siendo presionado en el marco de las pesquisas de 'Gürtel'. "En alguna reunión que tuvimos posteriormente le pregunté qué tal iba y él estaba bien", añadió.
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REGISTROS EN CASA DE VILLAREJO
El tribunal también escuchó a seis agentes de la Policía Nacional que participaron en los registros a la vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) del comisario Villarejo en noviembre de 2017.
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Los policías contaron que el objetivo era encontrar "toda" la documentación, en papel o digital, relacionada con King', la pieza principal de la macrocausa 'Tándem' que investiga los negocios privados y supuestos encargos al comisario, así como "proyectos que fueran un poco similares" con "notas informativas" o "presupuestos".
Los agentes confirmaron que el comisario jubilado estuvo presente durante el registro, así como su mujer y que un grupo de intervenciones técnicas abrió la vivienda. En concreto, uno de ellos indicó que se encontró "mucho material informático" en un canapé de una cama, y que se intervino documentación de una maleta en la habitación principal.
EL EMPRESARIO PÉREZ DOLSET APUNTA A FERNÁNDEZ DÍAZ Y COSPEDAL
Por último, el empresario Javier Pérez Dolset --investigado en el 'caso Leire Díez'--, que acudió como testigo para explicar el origen de tres audios que aportó a la causa, aseguró que mantuvo una conversación con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, acusado en 'Kitchen', en la que dijo que recibió indicaciones sobre el presunto espionaje por parte del exministro Jorge Fernández Díaz, también acusado, y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
En concreto, Pérez Dolset, a quien un juzgado de Madrid investiga por supuestas maniobras contra jueces, fiscales y mandos policiales, afirmó que Martínez le transmitió que "el primer día" que le dieron la instrucción "de hacer cosas como esta", en alusión a la supuesta coordinación del operativo parapolicial, "tendría que haber dimitido y no lo hizo".
Sobre los audios aportados a la causa, Pérez Dolset explicó que accedió a esos documentos a través de un grupo de WhatsApp del que formaban parte, entre otros, el fiscal José Grinda, periodistas, miembros de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional o dirigentes políticos, y que en ningún caso los manipuló. "Sólo los escuchamos y transcribimos", deslizó.
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