El despacho de Montoro aporta un informe pericial para desmontar el tráfico de influencias

Barcelona, 7 may (EFE).- La defensa de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro investigado por cobrar de empresas gasísticas a cambio de beneficios fiscales, ha presentado una pericial de un ex alto cargo de Hacienda para desmentir que los pagos buscaran "influencia política" y demostrar que obedecían a servicios de asesoramiento.

El informe pericial, al que ha tenido acceso EFE, lo ha entregado el abogado Daniel Campos, que defiende al despacho de Montoro, ante el juez de Tarragona que investiga si el exministro de Hacienda y sus socios en Equipo Económico cobraron de empresas gasísticas propiciando reformas legislativas que les fueran favorables.

El dictamen, elaborado por el abogado y exdirector del servicio jurídico de la Agencia Tributaria Juan Manuel Herrero de Egaña, trata de rebatir los informes de la Agencia Tributaria y de los Mossos d'Esquadra que apuntan a que las empresas gasísticas acudieron a Equipo Económico para tener acceso privilegiado al Ministerio y que pagaban por lograr influencia política y no por servicios profesionales técnicos sobre tributación.

Según sostiene al abogado en su escrito al juzgado, dichos informes "adolecen de numerosos errores, omisiones e inconsistencias lógicas" que el dictamen pericial aportado desmiente, al demostrar que no hay "ningún elemento objetivo o indicio que acredite o sugiera la existencia de interlocución alguna entre Equipo Económico y el Ministerio".

En concreto, el dictamen de la defensa mantiene que la reforma legislativa de 2014 sobre el impuesto a la electricidad -una de las regulaciones en las que el juez cree que influyó Montoro- no fue "arbitraria ni selectiva, sino técnicamente consistente", dado que iba encaminada a incorporar la directiva europea sobre la materia y tratamientos fiscales que ya se habían reconocido para situaciones análogas.

Respecto a la reforma del reglamento de ley de impuestos especiales en la que la acusación también ve tráfico de influencias, el informe sostiene que se ajustó "plenamente a derecho", sin que "pueda apreciarse irregularidad alguna, ni desde el punto de vista procedimental ni desde la perspectiva material o sustantiva".

El informe pericial, que analiza la documentación que consta en la causa, sostiene que no hay "ningún dato ni evidencia" que pruebe la interlocución entre Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda, "ni formal ni materialmente".

Por el contrario, subraya el escrito, sí constan "un conjunto amplio, estructurado y técnicamente fundamentado de trabajos de asesoramiento económico-tributario" que explicarían los pagos a Equipo Económico, así como la "celebración de reuniones con las empresas gasistas".

En esas reuniones, añade el dictamen, se preparaban las entrevistas con responsables de la administración para abordar "cuestiones relativas a la configuración normativa del beneficio, su articulación en la ley y, posteriormente, su desarrollo reglamentario".

"Existen múltiples y muy consistentes evidencias de la realización por parte de Equipo Económico de una actividad profesional propia de un asesoramiento técnico altamente especializado en materia económico-tributaria, desplegada dentro de los cauces ordinarios del proceso de elaboración normativa y sustentada en argumentos jurídicos y económicos verificables", resume el informe.

La defensa también ha reprochado al juez que nunca haya requerido a Equipo Económico documentación que acredite esos informes de asesoramiento técnico y le ha entregado lo que "se ha podido localizar" en estos momentos. Si se hubiera solicitado cuando la investigación se inició hace ocho años, apunta, "a buen seguro se hubiera podido aportar un mayor detalle de los trabajos".

A la espera de las declaraciones de los primeros investigados en la causa, que debían iniciarse la semana pasada pero se aplazaron, el caso está pendiente de que la Audiencia de Tarragona decida sobre la batería de recursos presentados por las defensas para forzar el archivo de la causa.

La justicia ya ha pedido a las acusaciones que informen sobre el recurso que Equipo Económico presentó contra la decisión del juez de autorizar a los Mossos d'Esquadra a acceder al fichero de titularidades financieras para conocer los productos bancarios de los investigados.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la acusación ejercida por la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada (ADIVE) se ha opuesto al recurso al considerar que la diligencia es "pertinente" por la necesidad de completar la información bancaria que figura en la causa.

ADIVE, representada por el abogado Jorge Piedrafita, descarta que el juez se haya "extralimitado" con esa gestión y recuerda que en delitos como el que se investiga en el caso Montoro es clave el "esclarecimiento de la trazabilidad" de los movimientos económicos, lo que exige "verificar titularidades, autorizaciones, productos financieros y sociedades interpuestas o vinculadas". EFE

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