
La Corte Suprema de Chile ha autorizado al empresario holandés Bernard Keiser a reanudar la búsqueda del tesoro de Robinson Crusoe, una fortuna presuntamente oculta en el archipiélago de Juan Fernández cuyo valor se estima entre los 20 mil y 40 mil millones de euros. El holandés, de 76 años, podrá retomar las pesquisas que sigue desde hace más de treinta años.
Keiser ha invertido más de cinco millones de dólares de su propio patrimonio en esta empresa, con los que ha financiado al menos 17 expediciones en un intento de encontrar el tesoro de Crusoe. En caso de localizarlo, el 75% del tesoro quedaría en manos del Estado y el 25% correspondería al empresario y sus socios, conforme a la normativa vigente.
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Keiser podrá buscar el tesoro gracias a este fallo judicial, pese a las preocupaciones medioambientales expresadas por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El organismo denegó en 2019 las excavaciones por el posible riesgo de “daños irreparables” en el entorno natural de la isla.
Un tesoro español oculto durante más de tres siglos
Según cuenta el Museo de Historia Natural de Valparaíso, el capitán español Juan Esteban Ubilla de Echevarría llegó en 1714 al archipiélago chileno de Juan Fernández con un enorme tesoro: 800 barriles repletos de monedas de oro, joyas y piedras preciosas. El marinero intentaba evitar sus riquezas fuesen requisadas durante la Guerra de Sucesión Española en beneficio de los Habsburgo. Con intención de proteger el botín, enterró los barriles en la isla de Robinson Crusoe, que da nombre al tesoro. Posteriormente, en 1760, sería reescondido por el navegante británico Cornelius Webb.
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En 1950, se descubrieron en el norte de Inglaterra unas cartas que indicaban el lugar en el que se encontraría escondido el tesoro. Desde entonces, muchos exploradores han buscado las riquezas de Ubilla sin éxito, pesquisas a las que se unió en 1998 Bernard Keiser.
Durante dos décadas, el ciudadano neerlandés trabajó en el poblado de San Juan Bautista excavando con pala y picota para buscar el tesoro, siempre apoyado de arqueólogos y especialistas. En noviembre de 2019, introdujo maquinaria pesada: el cazatesoros instaló una retroexcavadora con martillo en medio del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, lo que desató la polémica ambiental.
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En el año 2019, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, presentó una denuncia ante la Contraloría chilena por el posible riesgo de “daños irreparables” en el entorno natural de la isla, refiriéndose en especial a la utilización de maquinaria pesada y a la alteración de suelos volcánicos y rocosos que motivaron la declaración del parque nacional. Sin embargo, Conaf consideró entonces que la solicitud para inspeccionar una superficie de 20 metros por 20 metros se ajustaba al marco legal y autorizó la excavación.
La situación dio un giro el pasado año cuando la misma Conaf, dependiente del Ministerio de Agricultura, cambió de criterio y se apoyó en la normativa que regula las actividades en parques nacionales para rechazar una nueva petición de Keiser. La respuesta del empresario fue recurrir la decisión ante el Tribunal Ambiental, que le dio razón al considerar ajustado a ley el proyecto y ordenó a Conaf rectificar. Posteriormente, la corporación acudió a la Corte Suprema, que acaba de confirmar la legalidad del permiso solicitado por el equipo de Keiser.
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Continúa la búsqueda del tesoro

La nueva área designada para la búsqueda, Puerto Inglés, está considerada como el posible punto de enterramiento de cerca de los barriles con monedas de oro, plata, joyas y piedras preciosas. El permiso judicial, no obstante, impone restricciones ambientales estrictas. Así, las excavaciones deberán ser manuales y no utilizarán maquinaria pesada, con un límite temporal de seis meses, según ha informado el diario Clarín.
Keiser ha añadido que estudios geofísicos realizados han identificado una “significativa concentración metálica” en la zona donde planifica iniciar una nueva campaña de búsqueda a partir de octubre, según ha publicado La Nación.
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