Trabajo aboga por endurecer las sanciones a las empresas que no respetan derechos humanos

Madrid, 6 may (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abogado este miércoles por endurecer las sanciones a las empresas que no respeten los derechos humanos, una de las 100 medidas recogidas en el informe para impulsar la responsabilidad social empresarial (RSE) que ha encargado su departamento.

En la apertura del acto "Una nueva Agenda de Responsabilidad Social Empresarial", Díaz ha destacado alguna de las medidas recogidas en dicho informe elaborado por un comité de expertos internacional coordinado por el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón.

Y entre ellas ha apuntado a la necesidad de contar con un "régimen sancionador proporcional", ya que sin "sanciones creíbles", la responsabilidad social "va a seguir siendo voluntaria".

"Incumplir con los derechos humanos no puede salir barato", ha incidido la vicepresidenta, quien ha recordado casos de explotación en cadenas textiles, trabajo infantil en minas o desplazamiento de comunidades indígenas.

"Se vigilará las posibles situaciones de prácticas de trabajo forzoso y de trata de personas, con imposición de sanciones disuasorias", recoge el informe, que también pide mayores sanciones en casos de contratación de inmigrantes en situación irregular, violación de los derechos de información, discriminación sindical o daños contra el medio ambiente.

Junto a estos puntos, Díaz ha señalado la necesidad de ser más ambiciosos en la transposición de la directiva europea de RSE donde ha lamentado que Europa, bajo el lema de "la simplificación administrativa", quiera esconder la "impunidad".

También ha señalado la importancia de reforzar el acceso a la justicia, con mecanismos efectivos que faciliten la carga de la prueba, o reforzar la participación de sindicatos en políticas de responsabilidad social.

El informe también incluye otras medidas como facilitar la adopción de estas medidas en pymes, fortalecer la RSE en la economía social o establecer subsidios o subvenciones públicas para ejecutar y financiar acciones de responsabilidad social básicas.

También plantea que se tenga en cuenta la información en materia de RSE en la contratación pública o establecer criterios de ponderación en el otorgamiento de las ayudas públicas.

El informe pide asimismo la creación de una autoridad independiente supervisora para vigilar y sancionar el cumplimiento de estas políticas de RSE.

"España puede liderar, demostrar que otro modelo es posible (...) que actuar con RSE sea la ventaja estratégica", ha afirmado Díaz. EFE