La abogada de Rosa Peral renuncia a su defensa en todos los procesos judiciales

Núria González, la abogada de Rosa Peral, condenada por matar a su novio Pedro Rodríguez junto a su amante, Albert López, en el conocido como 'crimen de la Guàrdia Urbana', ha renunciado a su representación judicial.

En un comunicado consultado por Europa Press y avanzado por 'Crónica Global', González ha anunciado que pone fin a su colaboración judicial con Peral "con el convencimiento de que finalmente encontrará la justicia que toda ciudadana merece y con el deseo de que tenga una vida feliz en el futuro más inmediato posible".

Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión, fue trasladada la semana pasada desde el Centre Penitenciari Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), al Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.

PROCESOS

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene abierto un proceso por vulneración de derechos fundamentales, después de admitir un recurso contencioso-administrativo de Peral contra la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat por negarle el acceso al acta en la que, según ella, Albert López habría reconocido ser el "autor material" del crimen.

La Sala Contenciosa Administrativa ordenó abrir una pieza separada para tramitar la medida cautelarísima solicitada: la preservación del acta de la Junta de Tratamiento del Centre Penitenciario Quatre Camins (Barcelona).

Además, Rosa Peral tiene un proceso judicial abierto en un juzgado de Tarragona, acusada de un delito de alzamiento de bienes por presuntamente haber traspasado sus posesiones a su padre para evitar pagar la indemnización a los familiares de Pedro Rodríguez; el juicio está señalado para junio de 2027.

Se le suma otro procedimiento, también en un juzgado de Tarragona, por presuntamente incitar a una interna para que agrediese a una funcionaria de la prisión de Mas d'Enric el año pasado.

Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) debe resolver la demanda que Peral interpuso contra la productora de la serie 'El cuerpo en llamas', Arcadia Motion Pictures, y la plataforma Netflix alegando que la ficción vulneraba la protección del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal de ella y de su hija, menor de edad, que también aparece representada.

Después de que el juzgado archivase la parte relativa a la menor, para quien Peral reclamaba inicialmente 30 millones de euros, la condenada por el 'crimen de la Guàrdia Urbana' mantiene la solicitud de una indemización para sí misma de 3 millones de euros.