Socios de Jordi Pujol hijo niegan favores políticos para obtener licencias de vertederos

San Fernando de Henares (Madrid), 29 abr (EFE).- Los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola, vinculados con la construcción de los vertederos de Cruïlles (Girona) y Tivissa (Tarragona), que según la Fiscalía acarrearon beneficios millonarios a Jordi Pujol Ferrusola, han negado favores políticos para lograr autorizaciones para operar.

Tras las declaraciones de los siete hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, la Audiencia Nacional ha iniciado este miércoles los interrogatorios de los nueve empresarios a quienes la Fiscalía acusa de pagar comisiones ilegales a la familia, con las que amasaron la fortuna oculta, a cambio de adjudicaciones públicas.

Entre otras operaciones que considera sospechosas, la Fiscalía mantiene que Jordi Pujol Ferrusola utilizó su influencia política para desencallar autorizaciones ambientales para que operaran los vertederos de Cruïlles (Girona) -clausurado en 2014 a raíz de una sentencia del Supremo que anulaba las licencias- y Tivissa (Tarragona).

El ministerio público sostiene que el primogénito de los Pujol logró beneficios millonarios mediante esos negocios, en los que mantiene invirtió a través de sociedades radicadas en otros países.

Buesa, que lideró el proyecto de Cruïlles, ha negado cualquier tipo de influencia política para obtener las licencias ambientales del vertedero. Es más, ha apuntado, si no se las hubieran dado los consellers harían estado "prevaricando", ya que estaban obligados a hacerlo porque reunían los requisitos técnicos exigidos.

Ha defendido, además, que los vertederos son un tipo de instalación que los municipios aprecian, puesto que les comporta ingresos extras por el canon de residuos, y un negocio lucrativo, ya que son un "bien escaso". "En Cruïlles habíamos hecho un gran negocio", ha añadido.

En la misma línea, Josep Mayola ha defendido que este tipo de proyectos que debe autorizar la administración requieren de "multitud" de informes técnicos, tanto a escala local como autonómica e incluso estatal, y que si se cumplen los requisitos "el político firma".

Precisamente, en su declaración, los hermanos Pujol han afirmado que durante su trayectoria profesional en distintos ámbitos nunca han tratado de condicionar o influir a funcionarios o autoridades para obtener resoluciones favorables para ellos o para otros miembros de su familia.

Por su parte, Bernardo Domínguez Cerecedes, que según la Fiscalía facilitó el blanqueo de fondos de los Pujol, ha alegado que la línea de crédito que su conglomerado de empresas concedió al primogénito -que las acusaciones consideran simulada-, fueron decisión de su padre -ya fallecido-, que se encargó de toda la gestión de este proceso, por lo que él no tuvo "nada que ver".

Por este motivo, ha explicado que no sabía si estos préstamos se abonaron con ingresos en metálico a las cuentas de Jordi Pujol hijo en Andorra, uno de los indicios en que se basa la Fiscalía y la Abogacía de Estado para concluir que se trataba de créditos falsos.

Este empresario mexicano ha afirmado que para ellos estos préstamos no eran una "operación relevante" y ha resaltado que el proyecto hotelero que quería impulsar Jordi Pujol hijo en Acapulco le pareció "muy extraño" porque no lo veía un "buen negocio", por lo que no le sorprendió que no acabara fructificando.

Otro de los empresarios acusados de cooperar con la familia Pujol para blanquear su fortuna que ha declarado es Jorge Barrigón, copropietario de Cat Helicopters, empresa que consiguió un helipuerto en el puerto de Barcelona y que fue adjudicataria de contratos con la Generalitat de Cataluña.

Jorge Barrigón ha asegurado que es veraz el documento por el cual hacía constar que había zanjado en 2009 con Josep Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat, sendos préstamos que le había dado de 60.000 y 900.000 euros que la Fiscalía también considera eran falsos, para facilitar el blanqueo.

Ha señalado que los 60.000 euros era un préstamo personal y los 900.000 se los dejó Josep Pujol en metálico en una caja de la entidad BPA de Andorra, de donde era residente Barrigón, para que él junto con otras personas pudieran comprar la totalidad de las acciones de la compañía de helicópteros andorrana Heliand, cuyo accionista mayoritario habría exigido ver el dinero en efectivo en caso de querer vender.

Barrigón ha dicho que finalmente no se pudo realizar la operación y no llegó a tocar esos 900.000 euros, lo que comunicó a Josep Pujol para que los recogiera. EFE

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