Feijóo, ante vuelta a prisión de 'Anboto' y Carasatorre: la Justicia está por encima de los "intereses" de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, después de que el juez haya rechazado aplicar la semilibertad a dos etarras y acordado su vuelta a prisión, que la Justicia y el respeto a las víctimas "están por encima de los intereses de un Gobierno". Además, ha recalcado que los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu no se pueden aplicar "porque son ilegales".

En concreto, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y al exmiembro de la banda terrorista Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.

El presidente de los 'populares' ha afirmado que "el precio del pacto encapuchado con Bildu incluía liberar a 'Anboto', una de las terroristas más sanguinarias de ETA" que había sido "condenada a 700 años de cárcel".

"La Audiencia Nacional les recuerda que aún hay leyes y jueces en España, y que pesan más que la voluntad de Sánchez: la justicia y el respeto a las víctimas están por encima de los intereses de un gobierno", ha manifestado en un mensaje en 'X'.

"UN PACTO ENCAPUCHADO" EN CONTRA DE "LA IGUALDAD ANTE LA LEY"

Poco después, en un mitin en Lepe (Huelva) en plena precampaña andaluza, Feijóo ha celebrado esa decisión judicial sobre 'Anboto', una de las etarras "más sanguinarias de ETA" vinculada "a 14 asesinatos que se sepan" y que, según ha dicho, fue "excarcelada" por decisión del "consejero de Interior socialista del Gobierno Vasco".

El líder del PP ha resaltado que "a cualquier persona que haya enterrado a un familiar, a un amigo, a un compañero, se le revuelven las tripas de que alguien así pueda obtener algún beneficio penitenciario".

En este punto, ha destacado que hoy la Audiencia Nacional ha dicho que "esa excarcelación queda sin efecto y por tanto los acuerdos de Sánchez con Bildu no se pueden aplicar porque son ilegales". "Y el pacto encapuchado es un pacto en contra de la igualdad ante la ley", ha aseverado.

"VARAPALO DE LA AUDIENCIA NACIONAL A SÁNCHEZ Y OTEGI"

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, que considera que se trata de un "varapalo de la Audiencia Nacional a Sánchez y Otegi", el secretario general de EH-Bildu.

"El juez envía de nuevo a la cárcel a la etarra Anboto y corrige una injusticia que ha indignado a la mayoría de españoles. Quienes defendemos la democracia y reivindicamos memoria, dignidad y justicia para las víctimas estamos de enhorabuena", ha manifestado Tellado, que cree que el Estado de derecho "no debe nada a quienes causaron tanto dolor".

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que es una "gran noticia" que la Audiencia Nacional devuelva a prisión a 'Anboto' y Carasatorre, "desdiciendo al Gobierno de PNV y PSOE".

Según Gamarra, "infringir la ley para mantener a Sánchez en Moncloa es ilegal" y "hacerlo liberando a etarras es, además, asqueroso". "La Justicia desnuda el pacto encapuchado", ha indicado en un mensaje en la misma red social.

"DESASOSIEGO INNECESARIO" A LAS VÍCTIMAS

En sendos autos recogidos por Europa Press, el juez rechaza la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para ambos etarras y acuerda que permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario, al tiempo que propone modificar el mencionado artículo.

En opinión del magistrado, la decisión de la semilibertad genera "falsas expectativas" a 'Anboto' y también "desasosiego innecesario" a las víctimas "e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación".

En el caso de Iparraguirre, el juez recuerda la gravedad de los delitos por los que fue condenada, esto es, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.