València/Orihuela (Alicante), 21 abr (EFE).- El Ayuntamiento de València contratará de urgencia personal auxiliar administrativo y trabajadores sociales "específicamente" para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha calculado que el coste del refuerzo será de un millón de euros anual, dinero que reclamará al Gobierno de España por "todas las vías" por "un principio de lealtad financiera".
Catalá ha asegurado que "el ciudadano no debe verse perjudicado por la falta de planificación y el colapso" que según ha dicho está provocando el proceso de regularización, y ha informado de que esperan que la incorporación del nuevo personal, que se realizará mediante las bolsas de trabajo constituidas, pueda comenzar este viernes tras la Junta de Gobierno Local, con la contratación de diez trabajadores sociales y veintinueve auxiliares administrativos.
"Esto es un proceso complejo y no calculamos que se resuelva en una cuestión de meses. Damos por hecho que estas personas que se incorporan van a estar mínimo un año en esta Administración", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado que los trabajadores sociales están expuestos en estos momentos a "una situación de mucha incertidumbre y de mucha intranquilidad".
El Ayuntamiento de València enviará una carta exigiendo una solicitud de tres aclaraciones: "Si es necesaria o no la acreditación de vulnerabilidad, si los ayuntamientos debemos hacer esa acreditación y, en ese caso, cuál es el marco de criterios para valorar y determinar esa vulnerabilidad, y si el Gobierno va a aportar recursos y financiación", ha explicado Catalá.
Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes está provocando "caos" en "muchísimos" ayuntamientos por la falta de planificación por parte del Gobierno central.
En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de ampliación del hospital de la Vega Baja, en Orihuela (Alicante), ha recalcado que no comparte que esta decisión se haya adoptado sin acuerdo con el resto de países de la UE. "No soy nada racista, se lo puedo asegurar", ha asegurado antes de advertir de que estas medidas "producen un efecto llamada" al país. EFE
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