Madrid, 21 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) considera que "pocos" países tuvieron el año pasado "el valor de alzar la voz contra el estruendo de los cañones que silencia la diplomacia" y valora que España forme parte de esos pocos que han denunciado "sistemáticamente el desmantelamiento de las salvaguardias normativas".
En su balance anual sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, AI alerta de que en 2025 se cometieron "gran cantidad" de crímenes de derecho internacional, como el genocidio de Israel en Gaza, y subraya que, aunque "el activismo y la presión judicial" llevaron a algunos Estados a restringir o prohibir las exportaciones de armas a Israel, "las transferencias irresponsables de armamentos han seguido fomentando atrocidades".
En este sentido, la ONG recuerda que antes de 2025 algunos países, entre ellos España, ya habían tomado algunas medidas para reducir el suministro de armas a Israel, aunque "a menudo se limitaron a no conceder nuevas licencias de exportación y siguieron suministrando armas bajo licencias antiguas", pero el año pasado hubo más avances: España aprobó por ley un embargo integral de armas a Israel.
En cuanto a la evaluación concreta de la situación de los derechos humanos en España, AI lamenta que no se protegiera "debidamente" a los menores migrantes no acompañadas y acritica que a finales de año sólo 408 niños solicitantes de asilo habían sido trasladados desde Canarias a dispositivos estatales en la península a raíz de la orden del Supremo que requirió al Ejecutivo que se hiciera cargo de ellos.
El informe condena el estallido de violencia xenófoba que hubo el verano pasado en Torrepacheco (Murcia) cuando tras una agresión a un vecino de 68 años, "grupos antiderechos organizaron 'cacerías de inmigrantes' contra personas racializadas", unos disturbios que se amplificaron por contenidos racistas en Internet.
Amnistía denuncia también que siguieron ejecutándose miles de desahucios, en su mayoría por motivos económicos, en tanto que reprocha que el Parlamento no derogase la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza.
También critica que continuaran las "restricciones desproporcionadas" del derecho de reunión pacífica así como el uso excesivo de la fuerza contra las protestas en solidaridad con el pueblo palestino, incluidos actos de desobediencia civil como los que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a su llegada a Madrid.
La organización advierte además de que "ni el gobierno de la Comunidad Valenciana ni el gobierno central cumplieron ciertos compromisos" en materia de prevención y gestión del riesgo de inundaciones tras la dana que asoló la provincia valenciana el 29 de octubre de 2024 y dejó 229 víctimas mortales.
Tampoco se olvida Amnistía Internacional de las 46 mujeres asesinadas a manos de sus exparejas en 2025 y alerta de que muchos de los centros de crisis habilitados para prestar ayuda inmediata y especializada a víctimas de la violencia sexual "no eran plenamente eficaces", ya que "no funcionaban las 24 horas y tampoco ofrecían apoyo integral ni garantizaban acceso efectivo" a todas las víctimas.
Censura además que hubiera una causa pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que la justicia española rehusara investigar denuncias de tortura durante el franquismo. EFE
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