La lucha para conseguir que la Policía Nacional tenga un registro horario y no se pierdan las horas extra: “El Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto”

“Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, son las palabras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pronunció hace unas semanas en la disputa que tiene abierta para conseguir un registro horario digital e inmediato, en comparación con el actual, que todavía se puede hacer en papel, para todos los trabajadores. Y es que esta está siendo una de las mayores luchas que se está librando desde este Ministerio y en la que ya se consiguió en 2019 implantar esta obligación. Una obligación que, sin embargo, se sigue sin cumplir en la Policía Nacional y que desde el Sindicato Reformista de la Policía (SRP) llevan años exigiendo.

En este Cuerpo no existe una forma efectiva de registrar las jornadas que se trabajan, lo que obliga a los propios agentes a presentar las horas extra que trabajan y que deben ser aceptadas por su superior, lo que crea jornadas excesivas. “Cuando los compañeros hacen en algún turno horas extra, tienen que hacer un justificante de exceso horario y van acumulando ahí varios para cuando, por ejemplo, le corresponda un día entero, solicitar mediante minuta esa jornada por exceso”, explica Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado Policía (SUP) a Infobae.

De esta manera, el SRP lleva desde 2022 realizando peticiones y acciones para conseguir este objetivo que les ha llevado al Ministerio de Trabajo, al Gobierno, al Defensor del Pueblo e incluso al Parlamento Europeo, pero sin ninguna respuesta efectiva. Su portavoz, Manuel Soler, denuncia que “en otros ministerios todos los funcionarios entran y salen registrados”.

“Se están ahorrando miles y miles de euros por no tener el control horario”, asegura, en lo que describe como “un negocio consentido”. “Siempre que se ha llevado a la vía judicial, se les han acabado pagando las horas extra a los agentes y de esta manera los sindicatos y abogados se pueden marcar un tanto y la Administración acaba pagando solo una parte que se puede permitir”, relata.

La Instrucción de la Administración de 1983

Los antecedentes de esta exigencia se remontan a la Instrucción del 21 de diciembre de 1983 de la Administración General del Estado, en la que en su punto 4º se indicaba lo siguiente: “A la entrada en vigor de estas normas, todos los centros y oficinas de la Administración Civil del Estado, sus organismos autónomos y entidades de Seguridad Social deberán dotarse de los medios adecuados de control de horarios del personal, basados en mecanismos de reloj registrador de ficha”.

Años más tarde, concretamente el 18 de diciembre de 2015, la Policía Nacional presentó una circular, a la que ha tenido acceso Infobae, relativa a la jornada laboral de los agentes que indicaba en su apartado 3.5, punto 1, que “los responsables de las unidades policiales velarán por el correcto cómputo de las horas de exceso de los funcionarios, para lo cual utilizarán la aplicación informática que se desarrolle al efecto”.

Por esta razón, a principios de 2022 el SRP envió una petición escrita dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que indicaba que “se impartan por Ud., como máximo responsable del Departamento ministerial las instrucciones oportunas, a fin que, a la mayor brevedad, se instalen en todas las dependencias de la Policía Nacional, un sistema de registro y control de la jornada laboral de los policías nacionales, cumpliendo con la normativa vigente tanto nacional como europea al respecto”.

Los principales argumentos se basaban en diferentes sentencias del TJUE que indican que todos los Estados miembros tienen la obligación de que se respete el registro horario para “determinar objetivamente y de manera fiable el número de horas de trabajo efectuadas por el trabajador”. Sin embargo, la respuesta no llegó.

La respuesta del Gobierno

Así comenzaron los movimientos entre todo tipo de asociaciones y partidos políticos, consiguiendo en 2023 que desde Podemos se elevara una pregunta escrita, firmada por los diputados Ismael Cortés Gómez y Enrique Santiago Romero, dirigida al Gobierno sobre esta situación.

“En relación con la pregunta formulada, se informa que la jornada laboral de los funcionarios de la Policía Nacional se desarrolla por la Circular de la Dirección General de la Policía, de 18 de diciembre de 2015, en la que queda reflejado el control de las inasistencias y ausencias parciales del puesto de trabajo, así como la compensación del exceso horario, todo ello respetando las normas de la Unión Europea sobre la materia”, fue la única respuesta.

Ante esta pasividad, en diciembre de 2023 se llegó al Defensor del Pueblo, que indicó que este tipo de quejas se tiene que canalizar “a través de la Mesa de Negociación”, imposible para los sindicatos de la Policía, ya que no participan en la misma.

La Comisión del Parlamento Europeo

Ese mismo mes, el caso también fue elevado por el Sindicato ante el Parlamento Europeo y en su respuesta les indicaron que la Comisión encargada de recibirla “toma nota de las observaciones del peticionario. La Comisión está investigando actualmente junto a las autoridades españolas la existencia de un sistema de control del tiempo de trabajo de los funcionarios”.

En esta misma respuesta, indicaban que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 14 de mayo de 2019, CCOO, C-55/18, ECLI:EU:C:2019:402, apartado 60, declaró que para garantizar el efecto útil del descanso diario y semanal y limitar la duración media del tiempo de trabajo semanal, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar «un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador»“.

“En el marco de esta obligación general, el Tribunal de Justicia dictaminó que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para determinar los criterios concretos de aplicación de tal sistema. En particular, tienen derecho a decidir la forma que este debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño”, añadían.

A día de hoy, habiendo pasado ya tres años desde esta respuesta, no ha habido ninguna novedad sobre esta investigación, según indica Soler.

Yolanda Díaz

En consecuencia, la última de las peticiones ha ido dirigida directamente a la ministra Yolanda Díaz. Soler relata que en todo momento “ha mostrado gran interés” en esta petición, pero por el momento no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta.

Tras un escrito en 2022, el último fue enviado por el SRP el pasado 30 de enero de 2024: “Por ello, una vez más, solicitamos su intervención como Ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y, en los foros adecuados, se trate el asunto que aquí le trasladamos, se implante un sistema de control y registro de la jornada laboral de las policías y los policías nacionales y, con ello, se dote a estos trabajadores y trabajadoras de los mismos derechos que el resto de la sociedad”.