Primeras declaraciones por la instrucción de El Bocal y se persona un alto cargo de Costas en la causa

El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, figura entre los funcionarios que han pasado a formar parte directa del procedimiento judicial por el colapso de la pasarela de El Bocal, en Santander. Según consignó Europa Press, Osorio asistió a esta primera ronda de comparecencias, en la que la jueza de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander dirige la investigación sobre el desplome de la estructura ocurrida el pasado 3 de marzo, incidente que provocó el fallecimiento de seis jóvenes y generó un amplio impacto social e institucional.

Las comparecencias comenzaron a las 9.30 de la mañana en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, con las declaraciones de testigos, una agente investigada y los funcionarios vinculados a la Demarcación de Costas. De acuerdo con Europa Press, la jueza llevó adelante estas diligencias en un ambiente de estricta confidencialidad, ya que la sesión se realizó a puerta cerrada y se prevé que se extienda hasta última hora de la mañana, con las últimas citaciones previstas para el mediodía.

Las primeras decisiones adoptadas por la magistrada incluyen la acción penal contra los dos funcionarios de la Demarcación de Costas –Osorio y el responsable del Servicio de Proyectos y Obras–, al considerar la instrucción que la administración central ostenta la responsabilidad exclusiva del mantenimiento y conservación de la pasarela colapsada. Tal como detalló Europa Press, la investigación busca esclarecer las posibles responsabilidades no solo administrativas sino también penales derivadas de la catástrofe.

En esta primera jornada de declaraciones, el foco también se situó en la única agente de la Policía Local que figura como investigada en la causa. Según publicó Europa Press, esta policía está señalada por no gestionar ninguna actuación tras el aviso recibido sobre el deterioro de la pasarela, un día antes de que se produjera el colapso fatal. Su comparecencia forma parte de una batería de testimonios convocados por la magistrada instructora.

Entre los citados a declarar se encuentran los dos ciclistas que dieron aviso al 112 en el momento del siniestro, así como el vecino de Monte que, la víspera del accidente, alertó sobre el mal estado de la estructura. También fueron llamados la gestora del servicio 112 que canalizó ese aviso a la Policía Local, agentes de la Policía Científica encargados de la inspección ocular posterior al suceso y una integrante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, identificada tras una solicitud expresa de la jueza a la Policía Judicial para recabar posibles quejas previas sobre la pasarela.

Según reportó Europa Press, uno de los ciclistas compareció acompañado de su esposa y permaneció en la sala durante menos de 30 minutos antes de abandonar el recinto, evitando hacer declaraciones a los medios. Posteriormente, el segundo ciclista también se presentó para dar testimonio y las comparecencias continuaron con la intervención del vecino que realizó la advertencia previa al colapso.

El proceso suma, hasta el momento, trece partes personadas, de las cuales ocho representan directa o indirectamente a los jóvenes afectados por la tragedia –incluidos familiares de las seis víctimas mortales y la superviviente–. Europa Press detalló que una de las familias cuenta con dos representantes legales en la causa. A este grupo se agregan la Fiscalía, el Ayuntamiento de Santander y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), instituciones que intervienen tanto como interesadas, como posibles responsables civiles. Además de Osorio y la agente de la Policía Local, este amplio espectro de partes busca dilucidar posible responsabilidad patrimonial o negligencia administrativa.

El objetivo de estas diligencias, según el reporte de Europa Press, es esclarecer los hechos que derivaron en el desplome de la estructura de madera sobre el mar, así como determinar la cadena de actuaciones o ausencias que pudieron incidir en el desenlace. Uno de los puntos abordados en las comparecencias radica en la gestión de las alertas y avisos ciudadanos previos al accidente y la eventual omisión de actuaciones por parte de las autoridades competentes.

Durante el desarrollo de las testimoniales, prevalecieron estrictas medidas de confidencialidad en la sala judicial. Las comparecencias constituyen un punto de avance en la instrucción del caso, centrando la atención en la posible existencia de responsabilidad por parte de la administración central, específicamente en las funciones de conservación y mantenimiento de infraestructuras costeras asumidas por la Demarcación de Costas.

Las sesiones, que han concitado la atención pública y mediática, marcan el inicio de una fase clave en la investigación judicial. Según explicó Europa Press, el procedimiento continuará en próximas fechas con nuevas citaciones, en una causa donde la instrucción busca abordar de forma exhaustiva tanto la responsabilidad penal como la reparación a los afectados.