El Supremo reduce a 39.000 euros el cálculo de las costas procesales a pagar por García Ortiz tras el juicio

El recurso presentado por la defensa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha supuesto una reducción significativa del monto que debía afrontar tras el proceso judicial derivado de la filtración de información confidencial vinculada al caso de Alberto González Amador. Según detalló Europa Press, la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Tribunal Supremo acordó que la cuantía de las costas procesales se rebaje finalmente a 39.000 euros, una cantidad que representa casi la mitad de la establecida inicialmente tras la sentencia por revelación de secretos.

De acuerdo con Europa Press, el Tribunal Supremo estimó parcialmente la impugnación presentada contra la tasación de costas, al considerar “indebidas” las cantidades iniciales reclamadas al ex fiscal general. El cálculo original ascendía a 79.942,70 euros, según la valoración efectuada tras la condena de inhabilitación de García Ortiz por el delito de revelación de secretos sobre el caso que involucraba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Abogacía del Estado, responsable de la defensa de García Ortiz, había presentado un recurso junto con la Fiscalía contra la tasación inicial, argumentando que la suma fijada como costas resultaba no solo indebida, sino también excesivamente elevada. El Supremo analizó estos argumentos y, recogiendo la impugnación en un decreto emitido recientemente, aceptó en parte el reclamo de ambas partes procesales.

El proceso judicial que llevó a la condena de García Ortiz derivó del acceso y comunicación de información protegida relativa a González Amador, lo que motivó la actuación del Tribunal Supremo y el cálculo de las costas ahora revisado. La decisión del órgano judicial superior del Estado enfatiza el análisis sobre la idoneidad de los importes demandados tras los juicios por delitos relacionados con el manejo de información confidencial.

Europa Press consignó que el caso atrajo especial atención debido a la relevancia de los implicados y al debate generado en torno a los límites de la actuación de los responsables públicos en el tratamiento de documentos y datos reservados en el marco de procesos judiciales de alto impacto político y mediático. La resolución del Supremo, con la reducción de la cuantía, marca otro episodio en la secuencia de recursos y resoluciones vinculadas a este proceso, afectando directamente las consecuencias económicas para García Ortiz tras la confirmación de la condena penal y administrativa.

La nueva cifra establecida por el Tribunal Supremo integra ahora la relación final de pagos exigidos al ex titular del Ministerio Público, sumándose así a las disposiciones relacionadas con su inhabilitación. Según diversas gestiones reflejadas en el decreto judicial abordado por Europa Press, la revisión de las costas se produjo luego del análisis pormenorizado de los conceptos incluidos en la tasación inicial, determinando que parte de ellos no encontraba justificación suficiente para la cuantía fijada en un primer momento.

El procedimiento se articuló tras la condena por revelación de secretos, un delito que implica sanciones que incluyen, además de la inhabilitación profesional temporal, el pago de costas procesales. Europa Press subraya que la intervención del Tribunal Supremo en la revisión de estos importes responde a la presentación formal de recursos por parte de la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía, ambas actuaciones dirigidas a reducir un impacto patrimonial considerado improcedente respecto a las actuaciones procesales realmente acreditadas durante el juicio.

Esta decisión, contenida en un decreto cuya divulgación motivó la información publicada por Europa Press, deja constancia de los mecanismos existentes en el ámbito judicial español para la revisión de las costas y el ajuste proporcional de su cálculo en función de la pertinencia y justificación de los costes implicados en procesos de especial relevancia. La resolución establece el pago de 39.000 euros como resultado final de la revisión y sitúa el foco en la fiscalización judicial de los costes procesales tras los recursos formulados, modificando de manera sustancial el monto inicialmente exigido a García Ortiz tras el proceso que derivó en su condena.