El Supremo permite a Armengol y Torres declarar por escrito como testigos en el juicio de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha determinado que Francina Armengol y Ángel Víctor Torres tendrán que remitir sus declaraciones por escrito antes del 7 de abril en el proceso sobre la adquisición de mascarillas. Según publicó Europa Press, esta decisión responde a una solicitud presentada por ambos funcionarios, quienes ejercen actualmente como presidenta del Congreso y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El máximo tribunal aceptó la petición de no comparecer presencialmente debido a sus cargos y a su condición de expresidentes en Baleares y Canarias, respectivamente. El juicio, que examina presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas, llevará al banquillo al exministro José Luis Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

En la resolución, recogida por Europa Press, los magistrados establecieron que las respuestas de Armengol y Torres deben centrarse en los aspectos que el Ministerio Fiscal incluyó en su escrito de acusación, especialmente en relación con la supuesta influencia y facilitación de contactos con las administraciones autonómicas que presidían en el momento de los hechos. El documento judicial también recoge el apercibimiento a ambos de la obligación de decir la verdad en los informes que cada uno entregue al tribunal.

El proceso judicial investiga la gestión de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria, un tema que ha producido diversas ramificaciones y ha salpicado a distintos niveles de la administración pública. El expediente judicial señala a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; a Koldo García, quien trabajó como asesor en ese ministerio; y a Víctor de Aldama, empresario presuntamente vinculado a la operativa de los contratos bajo sospecha.

Europa Press detalló que la decisión de aceptar la declaración por escrito para Armengol y Torres obedece tanto a sus actuales responsabilidades como a la trayectoria de ambos como expresidentes autonómicos. Los jueces recalcaron en el auto que las preguntas que respondan deben circunscribirse a los aspectos señalados en el sumario, poniendo énfasis en la posible intervención de ambos en la intermediación entre empresarios y las comunidades autónomas que dirigían en ese momento.

El juicio, que comenzará el 7 de abril, representa una de las investigaciones más relevantes en torno al uso de fondos públicos durante la pandemia. Las pesquisas han puesto el foco en las condiciones en que se realizaron algunos contratos de emergencia y en el grado de intermediación observado por responsables políticos y figuras empresariales. Según publicó Europa Press, tanto Armengol como Torres habían presentado con anterioridad sendos escritos solicitando que su testimonio se rindiera por escrito, lo que finalmente quedó autorizado en el auto emitido por los magistrados.

Las autoridades judiciales han recordado a los dos testigos que la obligación de decir la verdad se mantiene también en la declaración escrita y que el incumplimiento de este deber podría tener consecuencias legales. La admisión de esta vía excepcional responde, apuntó Europa Press, a las circunstancias y cargos de ambos, así como a las consideraciones de seguridad institucional evocadas en su petición.

El avance del caso Ábalos-García-Aldama y sus implicaciones sobre los mecanismos de contratación sanitaria continúa suscitando atención en la escena política y administrativa. Las instituciones y las distintas administraciones autonómicas esperan la evolución de las diligencias, mientras se acercan las primeras sesiones del juicio y quedan definidas las reglas para los testimonios de figuras clave como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.