El PSOE denuncia una filtración del PP en el Senado sobre unos audios del apagón y estudia llevarlo a la Justicia

El PSOE sostuvo que la publicación de transcripciones literales de audios incorporados al expediente parlamentario del Senado influyó de manera directa en la comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Según consignó el medio, los socialistas presentaron un escrito dirigido al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico en el que denunciaron una “quiebra evidente del deber de confidencialidad” tras la difusión de este material, clasificado como reservado por la propia comisión parlamentaria. El caso pone el foco en las prácticas de custodia de documentos oficiales y los límites de la divulgación en procedimientos parlamentarios.

De acuerdo con lo informado por el medio, el PSOE atribuyó la filtración de los audios al Partido Popular en el Senado y anunció que estudia dirigir el asunto a la justicia, reservándose el derecho a emprender “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”. El origen de los documentos en cuestión se remonta a la documentación remitida por Iberdrola, relativa a comunicaciones con Red Eléctrica de España, y que según fuentes parlamentarias, había sido clasificada como reservada mediante acuerdo de la Mesa de la comisión. Este protocolo especial incluía medidas de seguridad estrictas: acceso restringido solo al personal autorizado, control presencial de los asistentes, prohibición de portar dispositivos electrónicos y almacenamiento seguro de la información en áreas habilitadas del Senado.

El PSOE manifestó que los hechos no solo representan una alteración significativa en el funcionamiento interno de la comisión de investigación, sino que podrían constituir una infracción de los deberes legales de custodia y confidencialidad que se exigen a los cargos públicos. El partido subrayó la gravedad de la situación, indicando que la revelación de información reservada podría derivar en la imposición de responsabilidades disciplinarias, políticas o incluso penales para los autores. Los socialistas alegan que los hechos denunciados estarían en el marco de los delitos referidos a la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios públicos.

En relación con las implicancias políticas, el PSOE remarcó que la intermediación del PP en la exposición pública del contenido reservado incide en la percepción pública sobre la gestión del apagón y afecta la integridad de la investigación parlamentaria. Según publicó el medio, los socialistas responsabilizan directamente al grupo popular y apelan a la normativa interna del Senado para exigir una investigación sobre la custodia y posible escape de la información.

Por su parte, la respuesta del PP se dio a conocer mediante una intervención de su portavoz en el Senado, Alicia García, quien argumentó en rueda de prensa que los audios filtrados sirvieron para demostrar que “el Gobierno estaba alertado días antes del apagón y no hicieron nada”. García descartó la gravedad atribuida por el PSOE e interpretó sus acciones como una reacción defensiva. Según reportó el medio, la portavoz del PP expresó: “Como se ha destapado la verdad, pues es la pataleta de unos niños que quieren hacer ruido, pero el ruido ya está y es que nos han mentido a todos los españoles”.

Mientras el enfrentamiento entre ambos partidos continúa, el foco queda puesto sobre el acceso y la protección de documentos clasificados en entornos parlamentarios y las posibles consecuencias legales sobre su divulgación. Según detalló el medio, la comisión parlamentaria sobre el apagón había establecido un protocolo reforzado para asegurar la confidencialidad y evitar cualquier acceso o reproducción no autorizada de la información, lo que añade complejidad a la localización de responsabilidades.

El debate sobre la transparencia y la reserva de las investigaciones parlamentarias se plantea ante la opinión pública, mientras el Gobierno y la oposición presentan argumentos en torno al derecho a la información y al deber de preservar la confidencialidad en comisiones de este tipo. El medio señaló que el PSOE insiste en que la difusión de los audios podría llevar a consecuencias legales severas, mientras el PP sostiene que el contenido de los mismos contenía elementos de interés público que justificaban su conocimiento por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con lo publicado, la investigación sobre el origen y la distribución de las grabaciones se enmarca en los procedimientos internos de la comisión, que deberá evaluar si existió negligencia en la custodia, así como en el posible incumplimiento de normativas y leyes de protección de información clasificada. La situación incrementa las tensiones políticas y reabre el debate sobre los límites del secreto oficial y la función de control institucional de los órganos legislativos.