El PP lleva al TC la ley catalana de vivienda por "vulnerar derechos fundamentales"

Barcelona, 27 mar (EFE).- El PP ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley catalana de vivienda al considerar que "vulnera derechos fundamentales" y "ahoga a propietarios y familias".

Con este recurso, los populares solicitan al TC la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos impugnados "para preservar el orden constitucional y la seguridad jurídica de los ciudadanos", según ha informado el PP de Cataluña en un comunicado.

El recurso denuncia que la ley de vivienda en Cataluña supone una "vulneración de derechos fundamentales", un "exceso competencial" y una "quiebra de principios constitucionales básicos".

En concreto, los populares consideran que se vulnera el derecho a la protección de datos al obligar a las administraciones a "ceder datos y documentos de contratos de alquiler para tareas de inspección".

Esta cesión, argumenta el recurso, "carece de proporcionalidad y necesidad, ya que permite un acceso indiscriminado a datos personales íntimos sin las garantías debidas ni una finalidad constitucionalmente justificada que ampare la limitación del control del ciudadano sobre su propia información".

Asimismo, el PP denuncia un "ataque a la autonomía local", ya que "la ley impone que el uso predominante de las viviendas en ciertos municipios sea el de residencia habitual, limitando la potestad de los ayuntamientos para ordenar los usos del suelo".

A su juicio, esta medida es "excesiva y desproporcionada, al no responder a un interés supramunicipal acreditado que justifique interferir en la competencia municipal de urbanismo".

También detecta una invasión de competencias en legislación civil, ya que la Generalitat, según señala el recurso, "intenta redefinir conceptos nucleares del contrato de arrendamiento (como su objeto y duración) para aplicar límites a las rentas en contratos de habitaciones o de corta duración".

Al tratarse de bases de obligaciones contractuales, alegan los populares, "la regulación compete exclusivamente al Estado para garantizar la unidad de mercado y un régimen común en todo el territorio nacional".

Hay, además, una "vulneración del principio de irretroactividad", puesto que la ley pretende "alargar la calificación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y modificar sus precios máximos de forma retroactiva", lo que "afecta a derechos de propiedad ya consolidados e integrados en el patrimonio de los titulares".

Los populares observan igualmente "infracción de la reserva de ley" porque "se impugna la posibilidad de que programas reglamentarios de la administración fijen precios máximos de venta y alquiler de VPO", así como "usurpación de funciones en ordenación de registros" con la creación de un Registro de Grandes Tenedores que, de acuerdo con su criterio, excede las competencias autonómicas. EFE