El juez suspende las declaraciones de Errejón y Mouliaá en la querella por presuntas calumnias y los cita el 24 de abril

El juez Arturo Zamarriego ha establecido un plazo de tres días para que tanto la actriz Elisa Mouliaá como el exdiputado Iñigo Errejón informen, acompañado de pruebas, cualquier impedimento que pudiera dificultar su asistencia en la próxima vista judicial, fijada para el 24 de abril. Esta medida busca frenar nuevas demoras en el procedimiento iniciado por la querella presentada por Errejón contra Mouliaá por presuntas calumnias. Tal como publicó Europa Press, esta decisión judicial surge después de que la defensa de la actriz entregara un justificante médico que explicaba su ausencia debida a la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, lo que obligó al magistrado a suspender de nuevo la toma de declaraciones de ambas partes.

Este nuevo aplazamiento representa la segunda suspensión de las comparecencias, originalmente previstas para febrero. Según detalló el medio Europa Press, el juez ya había rechazado una solicitud previa de Mouliaá para suspender su declaración, ya que en ese momento no se había aportado el informe médico requerido que acreditara su enfermedad. Con la posterior entrega del justificante médico, el magistrado decidió posponer nuevamente las declaraciones.

A la salida de los juzgados, Errejón manifestó a los medios su desaprobación por el devenir del proceso. “No participamos en este espectáculo”, aseguró el exdiputado, subrayando que mantiene la “máxima confianza en lo que decida la justicia” y que considera que con el correr del tiempo “las cosas irán poniéndose en su sitio”. Estas declaraciones fueron recogidas por Europa Press tras conocerse la suspensión del acto judicial.

Fuentes vinculadas a Errejón, consultadas por Europa Press, expresaron que, según su perspectiva, Mouliaá “tiene más que ganar en las televisiones que en los tribunales”. Estas mismas fuentes afirmaron que la defensa de la actriz había puesto en marcha lo que calificaron como una “maniobra procesal fraudulenta”, alegando que ya habían advertido previamente al juez sobre la presunta intención de Mouliaá de evitar su comparecencia.

De acuerdo con la información de Europa Press, el juez Zamarriego enfatizó en su auto la necesidad de evitar más retrasos en el procedimiento y dispuso que cualquier imposibilidad de acudir el 24 de abril quede debidamente documentada en el plazo de tres días. Esta decisión pretende garantizar que ambas partes, la demandante y la demandada, concurran a la cita judicial sin nuevas dilaciones.

La causa que enfrenta a Errejón, exdiputado de la formación Sumar, y a Mouliaá deriva de una querella interpuesta por el político contra la actriz por presuntas calumnias. La naturaleza de las acusaciones y los hechos concretos que se discuten en el proceso no se detallan en la información difundida por Europa Press, pero la situación procesal sigue su curso mientras se intenta fijar una fecha definitiva para la toma de declaraciones.

El medio Europa Press consignó que las primeras comparecencias se plantearon para el mes de febrero, aunque ya entonces la parte demandada invocó motivos médicos para no presentarse. Tras la entrega previa del justificante médico y la respuesta negativa inicial del juez ante la falta de documentación requerida, la nueva suspensión se avaló únicamente tras la presentación del parte médico que establecía la necesidad de intervención quirúrgica.

La resolución judicial del juez Zamarriego incorpora expresamente el requerimiento de aportar con antelación la justificación de cualquier eventual nuevo impedimento, en un intento de acelerar la tramitación. Europa Press detalló que el magistrado subrayó en el auto su intención de impedir que el proceso judicial se dilate innecesariamente, al tiempo que busca asegurar la presencia de ambas partes el día indicado.

Las declaraciones públicas realizadas tanto por Errejón como por su entorno reflejan el clima de tensión existente entre las partes en litigio. El avance del caso quedará supeditado al cumplimiento de la orden judicial que obliga a comunicar eventuales impedimentos con la suficiente antelación y con prueba acreditada, para garantizar la celebración de la vista judicial prevista para el 24 de abril.