La sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón establece indemnizaciones por un total de 55.000 euros a favor de cinco víctimas que sufrieron abusos sexuales en el seno de la comunidad liderada por ‘Tío Toni’. De acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y difundida por diversos medios, los hechos juzgados se desarrollaron entre 2007 y 2022 en una masía ubicada en Vistabella del Maestrat, Castellón, y culminaron con penas de prisión para cinco de los seis miembros de la agrupación.
Según detalló el medio, el tribunal impuso penas comprendidas entre tres años y medio y siete años de prisión a estas cinco personas, tras considerarles responsables como autores, cooperadores necesarios o cómplices de delitos de abuso sexual contra menores. Los magistrados absuelven a los acusados de varias infracciones penales de similar naturaleza y del delito de asociación ilícita, por falta de pruebas.
Tal como reportó el TSJCV, la resolución judicial se articuló en 72 páginas y fue notificada este viernes a todas las partes implicadas. La decisión no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El proceso judicial sacó a la luz las dinámicas de poder y control ejercidas dentro de la comunidad, gestionada por un hombre conocido como ‘Tío Toni’ o ‘Toni’, quien falleció en prisión provisional hace casi cuatro años durante la instrucción de la causa. Según la sentencia, el líder aseguraba poseer poderes curativos y aplicaba terapias no reconocidas, como la imposición de manos o el empleo de vibradores y otros objetos sobre las zonas afectadas de las personas que buscaban sus servicios alegando problemas personales, familiares, laborales o de salud.
La investigación judicial concluye que, alrededor de la figura del líder, se conformó un grupo cohesionado y sometido a un control constante. Los miembros, bajo la creencia de que ‘Tío Toni’ era un “ser de luz con poderes sanadores”, aceptaban la doctrina del líder, que incluía la realización de rituales y prácticas sexuales supuestamente necesarias para “engendrar seres de luz”, según la redacción de la sentencia reproducida por el tribunal.
El tribunal consigna que las creencias impuestas permeaban especialmente entre las mujeres del grupo, con quienes el líder estableció relaciones sexuales y llegó a tener descendencia con algunas de ellas. Posteriormente, la comunidad trasladó su residencia a la finca ‘La Chaparra’, donde ocurrieron los abusos juzgados contra menores de edad. El fallo describe que los jóvenes crecieron “asumiendo un sistema de valores, creencias y principios” definidos por el líder, quien instauraba normas, límites y mecanismos de coerción entre los integrantes de la organización.
Según el relato de los hechos probados, la convivencia diaria en el grupo se caracterizaba por la normalización de la desnudez y de la sexualidad, las terapias supuestamente curativas de naturaleza sexual y la utilización de objetos sexuales como parte de estos rituales. Los magistrados resaltan la existencia de una rutina de control y vigilancia entre los miembros, con una fuerte competencia entre las mujeres para ganar el favor del líder.
La sentencia establece que dos de las acusadas, entre ellas la compañera sentimental del fallecido líder, deberán cumplir tres años y medio de prisión como cooperadoras necesarias de un delito de abuso sexual sobre una misma víctima. Otra mujer recibe una condena de siete años de cárcel como cómplice por omitir impedir los abusos cometidos por el líder sobre sus propios hijos menores de edad.
El tribunal impuso también cinco años de prisión a una cuarta acusada, considerada cooperadora necesaria de dos delitos continuados de abuso sexual, y la misma pena para un quinto acusado, hallado autor de un delito continuado de abuso sexual sobre otro menor del grupo.
A lo largo del proceso, la sala acreditó que la estructura de la comunidad había facilitado tanto la comisión como la ocultación de los delitos, al tiempo que descartó la existencia de una asociación ilícita, dado que no se pudo probar la intencionalidad criminal colectiva ni la existencia de otros hechos delictivos más allá de los abusos sexuales por los que se dictó condena.
El TSJCV informó que las indemnizaciones ordenadas buscan resarcir el daño moral causado a las víctimas, cuyo sufrimiento se extiende durante varios años debido a los abusos sufridos en el entorno comunitario. Los magistrados reseñan, además, que los menores afectados estaban expuestos a un contexto de manipulación y dominación, donde la autoridad del líder era incuestionable y las prácticas sexuales se imponían como elemento esencial de la doctrina interna.
El fallo de la Audiencia de Castellón constituye un paso relevante en el esclarecimiento judicial de los acontecimientos registrados en Vistabella del Maestrat y abre la vía para eventuales recursos en instancias superiores, tal como permite la legislación vigente.
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