Más Madrid y PSOE recurren el archivo de la causa de Ana Millán (PP) por "prematuro" ante pruebas pendientes

El recurso presentado por el PSOE ante la Audiencia Provincial de Madrid sostiene que el juzgado encargado del caso de la exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, obvió la práctica de pruebas previamente acordadas, a pesar de haber sido declaradas útiles y pertinentes tanto por el propio juzgado como por instancias superiores. El texto insiste en que, entre las pruebas anuladas, figuran declaraciones de testigos consideradas clave para esclarecer los hechos investigados. De acuerdo con el escrito recogido por Europa Press, esta suspensión ha motivado la decisión de recurrir el sobreseimiento provisional del procedimiento.

Según informó Europa Press, tanto Más Madrid como el PSOE interpusieron recursos de apelación contra la resolución judicial que decretó el archivo de la investigación que afectaba a Ana Millán. La causa examinaba supuestas irregularidades cometidas durante el periodo en el que Millán ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, especialmente en la adjudicación de contratos públicos. Estos recursos solicitan a la Audiencia Provincial la revocación del archivo y la continuación del procedimiento por la vía abreviada, argumentando que existen suficientes elementos para seguir indagando posibles delitos de prevaricación, fraude en la contratación y cohecho.

El auto de archivo fue dictado al no considerar acreditados los delitos que se atribuían tanto a la exalcaldesa como al empresario Francisco Roselló. Sin embargo, las formaciones recurrentes tildan la decisión de prematura, ya que la jueza instructora dispuso el sobreseimiento pese a que permanecían diligencias de investigación pendientes de ser practicadas. Según el documento de Más Madrid publicado por Europa Press, la investigación se inició a raíz de denuncias sobre adjudicación de contratos municipales a empresas vinculadas a Roselló, situación que se habría acompañado, de acuerdo con la Guardia Civil, de pagos a una vivienda de Ana Millán y de contratos en beneficio de personas de su entorno familiar.

El recurso presentado por Más Madrid detalla que la supuesta trama entre la entonces concejal Millán y el empresario Roselló habría facilitado la concesión de contratos públicos valorados en más de 500.000 euros. Según lo consignado en el mismo texto, dichas adjudicaciones tuvieron lugar entre los años 2005 y 2011 y se produjeron desde diferentes concejalías del consistorio de Arroyomolinos, atribuyéndose a Millán un papel decisivo en los procesos de contratación a favor de empresas con vínculos directos con Roselló.

Por su parte, el PSOE aduce en su recurso que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones populares. Tal como publicó Europa Press, los socialistas sostienen que el fundamento del archivo se encuentra en una decisión previa de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló una prórroga de la instrucción por no estar debidamente motivada, pero que en ningún caso ordenó el archivo definitivo de la causa. Según el PSOE, el juzgado habría debido emitir una nueva prórroga motivada o, al menos, culminar las investigaciones ya aprobadas antes de cerrar el procedimiento.

El documento del PSOE denuncia la ausencia de resolución expresa sobre las pruebas pendientes, especialmente declaraciones de testigos que, según afirman, podrían aportar información relevante para esclarecer los hechos investigados. Además, el partido recalca que la cancelación de estas pruebas fue llevada a cabo de modo incoherente, ya que antes se habían considerado necesarias para el avance del caso y contaban con el aval de instancias judiciales superiores, reiterando este argumento a lo largo del recurso.

Tal como detalló Europa Press, la investigación original se basó en informes de la Guardia Civil sobre contratos municipales y en los casos de presuntos pagos a la vivienda de la exalcaldesa y contrataciones a personas de su círculo más próximo. Ambos partidos recurrentes han basado sus argumentos en la existencia de base suficiente para avanzar con la instrucción, frente al archivo provisional ahora impugnado.

En el caso particular de Más Madrid, el recurso pone de relieve que la decisión de archivar el caso resulta “prematura” mientras quedaban pruebas por realizar, advirtiendo acerca del riesgo de que no se llegue a esclarecer la totalidad de los hechos bajo sospecha. Defienden ante la Audiencia Provincial de Madrid que existe un marco probatorio suficiente para mantener abierta la causa y se permita la práctica de las diligencias investigativas anteriormente acordadas.

Según reportó Europa Press, la controversia central se localiza en la supuesta relación entre la entonces responsable municipal y el empresario, así como en los mecanismos mediante los cuales se habrían adjudicado los contratos objeto de investigación. Las alegaciones de las formaciones políticas inciden en la necesidad de agotar los mecanismos de esclarecimiento de los hechos antes de adoptar una resolución que cierre definitivamente el procedimiento. Ambos recursos presentados insisten en la relevancia de las pruebas pendientes para una toma de decisiones ajustada al derecho y en el impacto de la resolución judicial en las garantías procesales de las partes involucradas.