València, 25 mar (EFE).- El PSPV y Compromís han denunciado la contratación por la Diputación de Valencia de la pareja del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los socialistas no descartan emprender acciones legales, mientras que el PP y Vox han defendido "la legalidad" y el derecho de cualquier funcionario público a pedir un traslado.
Así se han referido a la información que publican este miércoles 'elDiario.es' y 'El País', según la cual, la Diputación de Valencia ha contratado a través de una comisión de servicios a la pareja del president, funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), por "urgente necesidad", con un sueldo de 52.000 euros anuales.
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El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido que esta persona lleva 20 años de funcionaria y "simplemente ha habido una comisión de servicios por conciliación familiar", pero "es curioso" que la izquierda diga sí a la conciliación, pero cuando se refiere a la pareja del "president de la Generalitat del PP no hay derecho".
"Solo para ustedes y sus amigos", ha acusado el conseller a la oposición durante su intervención en el pleno de Les Corts, donde ha explicado que los administrativos de la Diputación ganan más que un administrativo de un Ayuntamiento pequeño.
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El síndic del PP, Nando Pastor, ha manifestado que la comisión de servicios "es una práctica habitual en la Función Pública" y que consiste en trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración, y ha preguntado "dónde está el problema".
"No sé si quienes están intentando generar polémica en este tema tienen en su mente a Begoña Gómez", ha dicho Pastor, para quien ambos casos no tienen nada que ver pues la mujer del presidente del Gobierno "se dedicaba a hacer negocios desde Moncloa", y tampoco se parece al caso del hermano Pedro Sánchez para el que se creó "una plaza fantasma que no existía".
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Para el síndic socialista, José Muñoz, el Partido Popular está "repleto de jetas", y ha avanzado que no cierran "ninguna puerta" para acudir "a diferentes órganos, sean judiciales o no, para investigar si el traslado es correcto y legal".
"Tienen que acreditar una urgente necesidad que a mi modo de ver no aparece por ningún lugar", ha manifestado, y ha reprochado a Pérez Llorca que se mostrara muy enfadado con los "jetas" que habían sido adjudicatarios de viviendas públicas de Alicante sin cumplir los requisitos, y ahora vaya a ser también "un jeta".
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"Su pareja está trabajando a 30 metros de él en una institución pública cobrando el doble de lo que cobraba en el ayuntamiento del que el propio Pérez Llorca era alcalde", ha denunciado, algo que también ha destacado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha calificado la situación de "vergüenza".
Baldoví ha preguntado "cuáles son las razones que han motivado" que esta persona ocupe esa plaza; qué méritos ha hecho o qué pruebas ha pasado, y ha acusado al PP de creerse que "esto es un cortijo".
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Para el síndic de Vox, José María Llanos, es "absolutamente normal" y no les genera "ningún problema" que una persona que es funcionaria y "tiene que pasar a vivir a Valencia porque su marido tiene que pasar a vivir a Valencia" utilice "la opción legal" que tiene de solicitar una comisión de servicios. "Una comisión de servicios me parece absolutamente ético y absolutamente legal. No veo dónde está el problema", ha manifestado. EFE
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