Un juez afectado por el caso ataúdes: "Las tumbas de los egipcios se ponían a cubierto para evitar depredadores"

En la fase más reciente del juicio por el denominado “caso ataúdes”, varios comparecientes se refirieron no solo a la magnitud del perjuicio generado a familiares de difuntos, sino también a la aparente pasividad social ante lo ocurrido y a sus propios sentimientos de asombro, rabia y necesidad de justicia. Según publicó Europa Press, el magistrado José Luis Ch., quien perdió a sus padres en los años 2008 y 2012 y utilizó los servicios de la funeraria El Salvador de Valladolid, manifestó ante la Audiencia Provincial su estupor e indignación al descubrir por los medios de comunicación los supuestos cambiazos de ataúd instantes antes de la cremación y trazó paralelismos históricos para ilustrar la falta de novedad de tales prácticas, apuntando abiertamente la responsabilidad social en torno al escaso rechazo público.

El medio Europa Press describió cómo José Luis Ch., actual magistrado de la Audiencia Provincial de León, recordó los detalles de ambos funerales familiares realizados en el tanatorio El Salvador, seguido de la cremación en el cementerio de Santovenia de Pisuerga. El magistrado consideró que los hechos “no suponen nada nuevo bajo el sol”, evocando que “las tumbas de los egipcios se ponían ya a cubierto para evitar que los depredadores pudieran robar, y aquí es lo que ha ocurrido”, según citó dicho medio. Añadió que, desde su perspectiva, “la sociedad debe de estar enferma”, ya que tras conocerse la investigación creyó que una gran cantidad de personas se movilizarían frente a la empresa para exigir justicia, aunque solo se han interpuesto denuncias individuales, refirió Europa Press.

Durante su declaración, José Luis Ch. relató que en una etapa anterior de su carrera llegó a juzgar al fallecido Ignacio Morchón Alonso, propietario del grupo investigado, en una causa sobre injurias. La denuncia la interpuso Morchón Alonso al haber sido blanco de repartos de pegatinas en las que se acusaba a la empresa de revender las flores de los sepelios. El procedimiento concluyó con una sentencia condenatoria para el acusado, consigna Europa Press.

José Luis Ch. aportó detalles sobre el desarrollo de la cremación de su padre, señalando que el acto no fue presenciado por él tras recibir una advertencia de un empleado. Según recogió Europa Press, el trabajador le sugirió que no asistiera porque podría oír algún ruido desagradable. “Me dijo la imaginación es libre y yo pensé que no era agradable oír algún ruido y creer que se trataba de la quiebra de un hueso de tu padre”, explicó ante el tribunal. En el caso de la cremación de su madre, atravesó una situación similar, sin sospechar entonces que pudiera estar produciéndose una irregularidad mayor.

Junto al magistrado, otras víctimas relataron experiencias análogas ante la Audiencia de Valladolid. Armando B., médico de profesión, testificó como afectado por el fallecimiento de su pareja en enero de 2009 y expresó su profundo rechazo a las prácticas investigadas: “Yo soy médico y respeto un código deontológico en mi trabajo, por eso encontrarte con esta situación te dice mucho de la catadura moral de esta gente”, manifestó, según informó Europa Press.

También compareció Margarita L.A., quien recurrió a los servicios de la funeraria para los sepelios de su padre y su madre, acaecidos el 1 de enero y 24 de febrero de 2010, respectivamente. Margarita reclamó justicia para quien denominó como “traficantes de cadáveres” y compartió su dolor y rabia por el modo en que se manipuló a sus seres queridos: “A pesar de los años pasados, pensar cómo los han manipulado es horrible. Siento dolor, rabia e impotencia”. Asimismo, expuso sus reservas ante la posibilidad de recibir una compensación económica, planteando que aceptar dinero sería como convertir el sufrimiento en “moneda de cambio”, aunque tampoco desea que los responsables queden impunes.

Durante la misma jornada, otros testimonios aportaron nuevas aristas sobre la operativa bajo investigación. Celestino A.G., quien contrató los servicios para la despedida de su padre en 2007, relató su indignación, al igual que lo hicieron María Teresa P.V., Miguel Ángel M., María Estrella L.R., María Julia y José María G.G., este último sufridor de un supuesto cambiazo de féretro tras la muerte de su madre el 31 de diciembre de 2007. El compareciente José María G.G. describió que, durante la cremación, los empleados bajaron las cortinas para impedir la visión a los familiares presentes. Posteriormente, conocer que su madre no fue quemada en el ataúd pagado le produjo un gran impacto, señalando que incluso temió que el mismo féretro hubiera sido reutilizado sucesivamente con otras personas.

Según detalló Europa Press, el juicio continuará este martes con la participación de nuevos afectados, sumando cerca de ciento cuarenta personas citadas para exponer sus casos. En la causa penal, el Ministerio Público atribuye cargos a veintitrés individuos, entre ellos la viuda y los tres hijos del fundador de la empresa, y solicita las penas más elevadas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran las sociedades Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L., que podrían asumir indemnizaciones en caso de fallo condenatorio.

Europa Press también consignó el ambiente de malestar colectivo y perplejidad que rodea el proceso judicial, subrayado por las declaraciones de los afectados que no solo buscan reparación individual sino también un pronunciamiento social más contundente contra las irregularidades atribuidas a los servicios funerarios investigados en Valladolid.