Los acusados de coaccionar a una docente en Ourense defienden "consenso" entre padres por la "inacción" del centro

La docente involucrada en el caso señaló durante el proceso judicial que llegó a solicitar la baja médica por ataques de ansiedad, tras experimentar un periodo en el que, según su declaración, sintió amenazas y presión por parte de los padres denunciados, además de la proliferación de mensajes difamatorios en redes sociales y la propagación de esquelas y carteles en el entorno del centro educativo. Este contexto desembocó en su retirada definitiva de la docencia bajo diagnóstico de estrés post-traumático, según consignó el medio Europa Press, que viene cubriendo la disputa que enfrenta a una profesora del IES As Lagoas, en Ourense, y los progenitores de un alumno, tras el suspenso de este en la materia de matemáticas.

En el juicio celebrado este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, ambos progenitores defendieron que las protestas frente a la “forma de impartir la asignatura” y contra el equipo directivo por su respuesta se adoptaron en “consenso” con otros padres. Según informó Europa Press, los acusados, que enfrentan un delito leve de coacciones, rechazaron que hayan coaccionado, acosado o amenazado a la docente, subrayando que la iniciativa de movilización surgió de una veintena de familias agrupadas bajo el movimiento 'Derecho a Aprender Matemáticas'.

Según el relato de la acusada, el conflicto se inició el 11 de diciembre de 2024, cuando la profesora añadió contenido no anunciado previamente a un examen. Los alumnos habrían sugerido, a través de un grupo de WhatsApp, estrategias como dejar las pruebas en blanco, reflejando el malestar. Posteriormente, padres y alumnos crearon un grupo conjunto para debatir el desarrollo de la asignatura y, de acuerdo con el testimonio recogido por Europa Press, se transmitieron preocupaciones por una supuesta negativa de la docente a resolver dudas y expresiones inapropiadas dirigidas a los estudiantes. Esta situación motivó reuniones con el equipo directivo del centro.

El conflicto se intensificó en febrero de 2025 cuando, tras una notificación de mala conducta al hijo de los acusados, los progenitores acudieron nuevamente al instituto para solicitar explicaciones y revisar los exámenes realizados hasta la fecha. Además, varios padres presentaron denuncias ante la Consellería de Educación y participaron en diferentes encuentros con la inspección educativa. El 24 de febrero, según reportó Europa Press, un grupo de padres pegó carteles y esquelas en el entorno del centro con mensajes que aludían a la “muerte” del derecho a aprender matemáticas en el curso 2024/2025.

Las protestas incluyeron manifestaciones semanales durante el horario de recreo, en las que también participaron antiguos estudiantes mostrando su respaldo. Según testimonio recogido por Europa Press, estas acciones nacieron de una estrategia colectiva, negándose que hubiese ánimo de hostigar individualmente a la docente.

La versión de la profesora denunciante, de acuerdo con los datos publicados por Europa Press, refirió que la dirección del instituto, tras analizar las reclamaciones de padres y alumnos, consideró correcto el proceder de la docente. Los manifestantes, tras no compartir esta valoración, continuaron con movilizaciones, que según la denunciante incluyeron la publicación de insultos y acusaciones en redes sociales, así como la instalación de esquelas en los muros del centro. La profesora declaró que tales circunstancias derivaron en su solicitud de baja médica y posterior abandono de la docencia.

Durante la vista oral, testificó la directora del centro en la fecha de los hechos. Según su declaración recogida por Europa Press, alrededor de una veintena de padres integraron la primera reunión con la dirección para expresar quejas relativas a la profesora. La directora recordó la presencia de los padres acusados en el centro, identificados como policías nacionales, describiendo un “tono imperativo, ostigador y amenazante” durante la conversación con el personal directivo. En su informe a la Consellería de Educación, la directora atribuyó a los progenitores acciones que calificó como ataques al centro y a la docente, detallando la publicación del nombre de la profesora en redes sociales, si bien esos contenidos fueron retirados posteriormente. La directora afirmó la existencia de una situación de hostigamiento encaminada, según su visión, a lograr el apartamiento de la profesora de sus funciones.

En el juicio también compareció la tutora del alumno, que informó de la solicitud de tutoría por parte de unos ocho padres preocupados por la gestión de la asignatura de matemáticas. Según declaraciones recogidas por Europa Press, la tutora comunicó la situación a la jefa de estudios y relató su presencia junto a otros profesores en una de las concentraciones promovidas por el movimiento de padres y alumnos. Asimismo, subrayó la implicación de más de la mitad de las familias en estas acciones colectivas.

Otras dos madres de alumnos testificaron apoyando la versión de los acusados y destacando que todas las acciones se acordaron de forma conjunta en el seno del movimiento de padres. A juicio de estas testigos, la acusada ejerció como portavoz, pero las iniciativas surgieron de manera consensuada y consideraron que todos los padres estaban capacitados para decidir sobre las actuaciones seguidas.

Durante el proceso, el abogado de la acusadora reclamó una multa de noventa días a razón de diez euros diarios, además de una indemnización de seis mil euros, considerando que los actos acometidos consistieron únicamente en “ataques al centro y a la docente”, destacando la contundencia del informe emitido por la dirección del instituto, según reportó Europa Press. Por parte de la defensa, la postura consistió en solicitar la absolución de los acusados, argumentando que la participación de los padres fue libre y voluntaria, y subrayó que en ningún momento se probó que los acusados fueran los organizadores principales. Además, la representación legal apuntó que, aunque las acciones pudieran calificarse como hirientes o vejatorias, estas conductas no constituyen delito penal y, según sus argumentos, no existió contacto directo entre los acusados y la denunciante.

El caso, que enfrenta diferentes versiones sobre los límites de la protesta de los padres frente a la actuación docente y las reacciones de las autoridades escolares, quedó expuesto en el juicio con la intervención de todas las partes y sin acuerdo en torno a lo sucedido, según relató Europa Press.