Juzgan a dos acusadas por una presunta agresión homófoba a un menor en 2020 en Madrid

Las víctimas del caso manifestaron sentirse "humilladas y ofendidas" por los incidentes ocurridos en distintos puntos de Madrid en 2020, en los que, según la acusación, sufrieron agresiones físicas y amenazas vinculadas a su orientación e identidad sexual. La Fiscalía considera que los hechos relatan una situación de desprecio hacia la dignidad de los menores afectados. La Audiencia Provincial de Madrid inició este martes el juicio contra dos jóvenes acusadas de estos altercados, quienes enfrentan penas que, sumadas, se sitúan en torno a tres años de cárcel, así como otras medidas penales y civiles.

De acuerdo con lo publicado por la prensa y el Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en dos ocasiones distintas durante 2020. El primer episodio tuvo lugar el 18 de junio en la confluencia del Camino de Perales con la calle Adora. En ese momento, las dos acusadas, actuando conjuntamente y conforme a la investigación, abordaron a B.V.C., un menor de 17 años, al que propinaron varios golpes. Según la Fiscalía, la agresión derivó en distintas lesiones, entre ellas la fractura del escafoides de la mano derecha, que requirió tratamiento médico y un periodo de curación de 37 días, de los cuales 30 fueron impeditivos.

Tal como detalló el Ministerio Fiscal, meses más tarde, el 20 de octubre del mismo año, se produjo un nuevo incidente. Esta vez, en la calle Remodelación, las acusadas, junto a otras personas cuya identidad no se ha esclarecido, se acercaron nuevamente a B.V.C. y a su pareja, también menor de edad, dirigiéndoles insultos y amenazas de muerte, empleando expresiones de carácter vejatorio ligadas a la orientación sexual de ambos. Los informes judiciales consignan que durante el segundo altercado, el menor volvió a ser objeto de agresión, aunque en esa ocasión las lesiones se calificaron como leves. Al verse atacados, los dos jóvenes buscaron protección dentro de un portal cercano para resguardarse de los ataques y amenazas de muerte.

Según reportó la Fiscalía de Madrid, la acusación parte de la consideración de que las conductas de las dos jóvenes implicadas respondían a un "evidente desprecio" hacia la identidad sexual de la víctima. En el escrito presentado por el Ministerio Público se recogen como delitos principales un delito contra la dignidad, tipificado en el artículo 510.2.a del Código Penal y apreciado en concurso con dos delitos contra la integridad moral. A estos se añaden una acusación por lesiones, una por amenazas leves y otra por lesiones leves.

La Fiscalía solicita para cada una de las acusadas una condena que alcanza en total casi tres años de prisión, junto con la imposición de multas económicas cuya cuantía no ha trascendido en los documentos difundidos. Además, incluye órdenes de alejamiento que prohíben aproximarse a las víctimas a menos de 500 metros y restricciones de comunicación durante distintos periodos, atendiendo a la naturaleza continuada y reincidente de los hechos puestos de manifiesto en la acusación.

El medio reportó que las víctimas, ambos menores, optaron por no desistir de la indemnización que pudiera corresponderles tras el proceso judicial y que, a través de declaraciones incluidas en el sumario, aseguraron haber experimentado un intenso sentimiento de humillación y ofensa a raíz de los episodios denunciados.

En el contexto del juicio que tuvo lugar este martes, el tribunal deberá analizar no solo las circunstancias de cada altercado, sino también la concurrencia de los delitos imputados, su relación con la integridad moral y la dignidad de las personas y las consecuencias físicas y psicológicas generadas en las víctimas. La acusación de la Fiscalía pone especial énfasis en el componente motivado por el desprecio respecto a la orientación sexual, bajo el marco legal vigente en España para la protección frente a delitos de odio.

Las medidas solicitadas buscan no solo una respuesta penal, sino también la protección futura de los menores, estableciendo restricciones de comunicación y distancia, así como la representación de una sanción económica por daños físicos y morales. Todo ello queda supeditado a la decisión judicial que se tome durante la vista oral, en la que deberán dirimirse pruebas, testigos y testimonios recabados en la investigación.

El proceso cobra relevancia dentro de las acciones jurídicas que abordan agresiones motivadas por la orientación sexual de las víctimas y pone en el centro el análisis de los daños y afecciones experimentados durante y tras los hechos denunciados, conforme a lo consignado en los documentos judiciales presentados por la Fiscalía de Madrid.