Libertad con medidas para los diez detenidos en una operación antidroga de Almería con seis viviendas públicas demolidas

Durante la operación desplegada en el barrio de El Puche, los técnicos de la compañía Endesa detectaron y eliminaron 180 conexiones eléctricas fraudulentas, retirando más de 500 metros de cableado. Esta actuación formó parte de un dispositivo más amplio coordinado con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuya intervención incluyó también el derribo de seis viviendas públicas cuyos contratos de compraventa habían quedado resueltos. Las autoridades explicaron que estos inmuebles, catalogados como inhabitables, fueron demolidos con el fin de evitar futuras ocupaciones ilegales, y la Junta de Andalucía avanzó su intención de construir nuevas residencias que cumplan con los requisitos de vivienda protegida. Según informó Europa Press citando datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a raíz de esta intervención, los juzgados decidieron dejar en libertad bajo control judicial a las diez personas arrestadas en la denominada operación 'Espejo', una iniciativa policial centrada en el combate al cultivo y tráfico de marihuana en Almería.

La sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 3 de Almería, actuando en funciones de guardia, estableció la libertad provisional de los detenidos, quienes están siendo investigados por presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Tal como detalló Europa Press, la causa será instruida por el juzgado de la plaza número 2 de la ciudad, instancia que previamente ordenó 23 registros domiciliarios llevados a cabo el pasado martes. Durante estos registros, la Policía Nacional incautó más de 11.000 plantas de marihuana, con un valor estimado en el mercado ilícito que supera el millón de euros, además de decomisar armas de fuego y munición.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la operación policial implicó el despliegue de más de 150 agentes pertenecientes a distintas unidades: la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Servicio de Medios Aéreos. La Policía Nacional explicó que el grupo investigado funcionaba como una “estructura organizada” que operaba de manera coordinada en múltiples inmuebles, varios de ellos conectados por pasadizos y accesos improvisados. Este entramado permitió que, en el momento de los arrestos, algunos de los principales sospechosos intentaran escapar a través de los tejados y la red de viviendas interconectadas.

El juzgado impuso a los investigados la medida cautelar de comparecencia periódica ante la autoridad judicial, los días 1 y 15 de cada mes, y también cada vez que sean convocados. Todos los detenidos, de acuerdo con Europa Press, se acogieron a su derecho a no declarar en la comparecencia judicial inicial. Sus defensas están representadas por los letrados Leo Marfil, José Antonio Bonachera, Eduardo Zea y José Antonio Galindo.

Las pesquisas policiales, citadas por Europa Press, identificaron a tres varones como los principales responsables dentro de una supuesta organización dedicada al cultivo intensivo de marihuana. Según fuentes policiales, la actividad delictiva se centraba principalmente en la zona conocida como 'El Puche Viejo', especialmente alrededor de la calle Espejo del Mar, aunque se extendía a otras vías cercanas, como Tangos y Romances, ubicadas a ambos lados del colegio público local.

Según los datos aportados por Europa Press, hasta una quincena de viviendas se encontraban bajo sospecha. La investigación señala que estas residencias eran explotadas por los arrestados, quienes a su vez contrataban a compatriotas de origen marroquí para el mantenimiento, protección y vigilancia tanto de las viviendas como de los cultivos. Observaciones policiales recogidas en el expediente describen que las casas, con todas sus ventanas cerradas de forma permanente, albergaban equipos de aire acondicionado que funcionaban las 24 horas para mantener las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas. Además, se percibía un intenso olor característico del estupefaciente en el entorno inmediato de dichas viviendas.

Europa Press reportó que los registros domiciliarios permitieron el hallazgo de armas de fuego y munición, evidencia que refuerza la tesis policial sobre el carácter organizado y posiblemente peligroso de la presunta red criminal. Durante la intervención, la Comisaría elevó a once el total de arrestados, algunos de los cuales intentaron darse a la fuga debido al complejo entramado de pasadizos y accesos entre las casas bajo investigación.

En relación con los inmuebles públicos demolidos, las autoridades precisaron que formaban parte de un plan de demolición previamente establecido al comprobarse la ausencia de las condiciones mínimas exigidas para la habitabilidad. El objetivo de estas demoliciones, según datos recogidos por Europa Press, es evitar la ocupación irregular de viviendas en desuso, al tiempo que se desarrolla un proyecto para levantar nuevas viviendas protegidas en la zona.

El valor económico de las más de 11.000 plantas incautadas, según estimaciones de la Policía Nacional consignadas por Europa Press, asciende a más de un millón de euros en el mercado ilícito, lo que pone en evidencia la magnitud de la operación y la dimensión del cultivo clandestino desarticulado durante esta acción policial.

La colaboración de técnicos de Endesa en el dispositivo contribuyó no solo a la detección de conexiones eléctricas ilegales —utilizadas para abastecer los sistemas necesarios en los cultivos—, sino también al desmantelamiento de la infraestructura eléctrica fraudulenta. El corte de 180 enganches supuso una intervención especializada, coordinada con la Policía y los demás organismos oficiales actuantes.

Tras los arrestos y la realización de los registros, la investigación judicial se encuentra en fase de instrucción. El avance del proceso dependerá de las diligencias que continúe practicando el Tribunal de Instancia, así como de las comparecencias periódicas a las que están sujetos los investigados mientras permanezcan en libertad provisional, según el auto acordado por la autoridad judicial y comunicado por el TSJA a Europa Press.