Tribunal de Cuentas investigará "posibles irregularidades" en la gestión de hospitales en la Comunidad de Madrid

Las alegaciones de que más de 71 millones de euros correspondientes a tratamientos realizados en hospitales públicos para pacientes derivados desde centros privados no aparecen reflejados en la contabilidad oficial de la Comunidad de Madrid han motivado la decisión de abrir una investigación formal sobre la gestión de estos fondos. Según publicó Europa Press, el Tribunal de Cuentas ha decidido admitir a trámite la solicitud del PSOE e investigar posibles irregularidades relacionadas con operaciones financieras entre la administración regional y empresas privadas del sector salud, en particular Quirón y Ribera Salud.

De acuerdo con ese medio, el Tribunal de Cuentas abrió una pieza de Acción Pública tras la presentación de informes por parte del grupo socialista. El documento oficial, al que accedió Europa Press, detalla que el tribunal requirió a Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, que clarifique e identifique los casos concretos donde la Comunidad habría incurrido en alguna responsabilidad contable en relación al manejo o custodia de bienes y recursos públicos. El procedimiento establece un plazo de cinco días para la presentación de recursos contra la decisión de iniciar la investigación.

El origen de la denuncia presentada por el PSOE se vincula con informaciones de 'eldiario.es', donde consta que, entre 2017 y 2023, el sistema de balance del Servicio Madrileño de Salud no habría registrado 71,65 millones de euros relacionados con atención a pacientes trasladados desde cinco hospitales de gestión privada bajo concierto. Según el citado informe de la Consejería de Sanidad sobre libre elección, la causa sería la falta de documentación de la actividad clínica que permitiera justificar esos importes.

El Partido Socialista ha anunciado que se personará como acusación en el proceso abierto. El secretario general del PSOE madrileño y también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, expresó ante los medios en el Congreso Aslan2026, celebrado en Ifema Madrid, que el Gobierno autonómico, en referencia a la administración de Isabel Díaz Ayuso, "favorece el negocio privado de unos pocos" al gestionar fondos de la sanidad pública. López aseguró que actuarán ante todos los organismos disponibles, desde el Tribunal de Cuentas hasta los tribunales de justicia y la propia Asamblea, con el objetivo de exponer el destino del dinero público invertido en sanidad.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Mar Espinar valoró el inicio de la investigación como un paso adelante para esclarecer una posible responsabilidad económica derivada de la supuesta condonación no justificada de 71,6 millones de euros a empresas privadas del sector.

El escrito remitido originalmente por el PSOE en febrero sostiene que, en el análisis de cuentas generales de la región, no existe ninguna partida identificable que refleje deudas de las concesionarias por transferencias entre centros, saldos no liquidados por libre elección o derechos económicos pendientes de registro. Para los socialistas, haber dejado fuera del balance esa cantidad podría responder a un error contable o a una posible ocultación. El documento destaca que la Consejería de Sanidad fija los sistemas y programas informáticos empleados para el registro de datos relevantes en los balances entre centros, pero hasta el momento no ha instaurado una metodología unificada, lo que habría llevado a la ausencia de facturación a Quirón y Ribera Salud por servicios realizados para pacientes derivados desde hospitales de gestión privada.

A partir de estos hechos, el PSOE solicitó formalmente al Tribunal de Cuentas la determinación de posibles deudas o saldos injustificados en las cuentas sanitarias, así como la identificación de entidades públicas susceptibles de haber sufrido perjuicio económico, de modo que, en caso de confirmarse alguna anomalía, pueda procederse a la reparación de los fondos públicos.

Frente a estas acusaciones, la Consejería de Sanidad emitió una respuesta en la que rechaza la existencia de irregularidades. Según explicaciones trasladadas a Europa Press, el documento en cuestión, referenciado como base de la denuncia, no corresponde a un informe oficial sino a un material de trabajo preliminar cuya interpretación no se ajusta al funcionamiento real de los servicios ni a la situación económica vigente. El departamento que dirige Fátima Matute sostuvo que los datos que motivaron la investigación derivan de un volcado informático inicial e incompleto, y no recogen la totalidad de la información clínica accesible.

La Consejería especificó que toda la actividad clínica realizada está debidamente documentada, consultable a través de varias herramientas como el sistema Horus, la historia clínica electrónica, informes impresos y aplicaciones especializadas, las cuales se emplean regularmente por los equipos de inspección sanitaria. Según publicó Europa Press, las autoridades regionales consideraron que la trazabilidad de los registros queda plenamente garantizada en todos los procedimientos internos.

El procedimiento abierto obligará al PSOE a individualizar los supuestos concretos de posible daño a las arcas públicas, tal como exige el órgano fiscalizador. El periodo bajo revisión abarca desde 2017 hasta 2023, según el material en poder del Tribunal de Cuentas. Mientras tanto, la controversia por la gestión sanitaria en Madrid continúa como uno de los principales ejes de debate político en la región, con las partes contrapuestas defendiendo sus respectivas posiciones sobre la transparencia y el destino de los fondos públicos vinculados a la colaboración público-privada en el ámbito hospitalario, detalló Europa Press.