Fiscalía mantiene la petición global de 214 años de cárcel para los seis acusados de una red de trata en Burgos

La representante del Ministerio Público defendió la solidez de la investigación policial, que se extendió por más de dos años, y cuestionó los argumentos de la defensa respecto a la ausencia de una red criminal organizada. Según informó la Audiencia Provincial de Burgos, el proceso judicial contra los supuestos integrantes de una red de trata de mujeres quedó visto para sentencia tras la última sesión de presentación de conclusiones. El Ministerio Público reiteró su petición de penas que suman 214 años de cárcel para los seis acusados, solicitando en particular 64 años de prisión para la principal encausada, a quien atribuyó el liderazgo y la coacción directa sobre las víctimas.

Tal como publicó el medio, la fiscal afirmó que la organización funcionaba como una estructura perfectamente organizada destinada a captar a mujeres en situaciones económicas y personales precarias, bajo engañosas promesas de empleo. Según se detalló en la exposición final de la fiscalía, el grupo introducía a las mujeres en España en condición de turistas. Posteriormente, tras vencer su situación legal, se aprovechaban de su estatus irregular para anular su capacidad de decisión y explotarlas. El Ministerio Público describió una “maquinaria engrasada” donde la cabecilla ejercía la coacción principal, mientras otros miembros gestionaban la vigilancia, la recaudación de dinero y la logística de los pisos utilizados en la explotación.

El medio informó que la fiscal fundamentó su petición en los testimonios de tres mujeres consideradas testigos protegidas. Los relatos de estas víctimas, según la fiscalía, presentaron una narrativa “coherente y sin fisuras”, sirviendo para dar por probado un contexto de trata de seres humanos, prostitución coactiva y abuso de aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Fiscalía indicó que las mujeres permanecían bajo un “control férreo”, resultado de amenazas y daños psicológicos continuados, lo que habría anulado su libertad para tomar decisiones.

En el desarrollo del juicio, según detalló el medio, la defensa de los acusados rechazó la existencia de una trama criminal y, por tanto, solicitó la absolución de sus representados. Los abogados defensores argumentaron que las mujeres ejercían la prostitución de manera voluntaria, haciendo hincapié en que disponían de sus pasaportes y podían mantener relaciones sociales fuera de los pisos. Añadieron que la implicación de los acusados se limitaba al alquiler de habitaciones y que las denuncias presentadas por las testigos habrían perseguido el objetivo de obtener una regularización administrativa en España.

La fiscal, en respuesta, descartó las explicaciones de la defensa. Subrayó la incompatibilidad de los hechos expuestos por la acusación con la posibilidad de que las mujeres actuaran de forma libre, haciendo referencia a la investigación policial que incluyó vigilancia y análisis de las comunicaciones. De acuerdo con la representante pública, los acusados habrían puesto en marcha un sistema de control que impedía cualquier intento de las víctimas por recuperar su autonomía, explotando la vulnerabilidad administrativa y personal de las mujeres.

La fiscalía presentó la figura de la principal procesada como responsable de la coacción directa, mientras cada uno de los otros cinco acusados ocupaba funciones específicas en la red: custodia y control de las mujeres, gestión del dinero derivado de la explotación y administración logística de los inmuebles. Las acusaciones sostienen que existió una repartición deliberada de tareas y una coordinación constante entre los procesados.

El Ministerio Público recalcó la trascendencia de las declaraciones de las víctimas y rechazó que estuviesen motivadas por la aspiración de regularizar su situación legal, puesto que, a juicio de la fiscalía, los detalles y la consistencia en los testimonios respaldaron el relato de hechos delictivos vinculados a la trata. El medio comunicó que la fiscal definió a las testigos como “auténticas heroínas” ante el riesgo sometido en todo el proceso.

La fase de exposición de conclusiones quedará recogida en las actas judiciales para la deliberación y redacción de sentencia, cuya publicación corresponderá a la Audiencia Provincial de Burgos en fecha posterior. Tras dos años de investigación policial y meses de procesos judiciales, la fiscalía reiteró su posición respecto a la necesidad de penas severas para combatir la explotación y la actuación de redes organizadas. Los acusados permanecen a la espera de resolución judicial tras concluirse el desarrollo del juicio.