El Congreso rechaza tramitar la ampliación de la prisión permanente apoyada por PP, Vox, UPN y CC

En una sesión del Congreso marcada por la presencia de familiares de víctimas de crímenes graves, como la madre de Marta Calvo, el debate sobre la ampliación de la prisión permanente revisable reflejó el profundo desacuerdo existente dentro y fuera del hemiciclo respecto a cómo debe afrontar el sistema judicial los casos de ocultación de cadáveres y reincidencia. Este martes, el Pleno rechazó la proposición de ley impulsada por el Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que contaba con el respaldo de Vox y Coalición Canaria (CC), para modificar el Código Penal. Según informó el medio, la iniciativa pretendía ampliar los supuestos en los que se podría aplicar la prisión permanente revisable, específicamente para los delitos donde se produce la ocultación de cuerpos tras el homicidio o se constata reincidencia criminal.

De acuerdo con los datos difundidos por el medio, la votación resultó en 174 diputados manifestándose en contra —correspondientes al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Podemos, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís— frente a 172 que votaron a favor, sumados entre PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. El rechazo de la iniciativa por un margen tan ajustado generó reacciones inmediatas entre los diputados y asistentes, con muestras de descontento por parte de los allegados a las víctimas, quienes no ocultaron su decepción una vez conocido el resultado.

El medio detalló que la defensa de la reforma penal quedó en manos de la diputada del PP, Macarena Montesinos, quien argumentó que la intención de la propuesta consistía en garantizar un castigo considerado suficiente para quienes, después de cometer un homicidio, provocan daños irreparables a familiares al ocultar los cuerpos de sus víctimas. Montesinos señaló que se buscaba evitar dejar “sin respuesta contundente” situaciones que, a su juicio, agravian doblemente a quienes sobreviven a estos crímenes.

Por otra parte, el PSOE y la mayoría de sus socios de investidura incidieron en que la modificación legal no responde a una demanda real del sistema penal español. David Serrada, diputado socialista, cuestionó la iniciativa y acusó al PP de aprovechar el dolor de las víctimas para convertir el Código Penal en un “instrumento de confrontación política”. Serrada manifestó que, bajo su punto de vista, la propuesta únicamente genera “falsas expectativas” entre los afectados y no mejora la seguridad pública.

El debate también contó con la intervención de representantes de Sumar y otros partidos de izquierda y nacionalistas. El portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, interpretó la proposición de ley del PP como “otra medida trumpista” y advirtió que buscaba importar a España “un modelo penal vengativo” que dificulta la reinserción y niega segundas oportunidades a quienes cumplen condena. Santiago defendió la necesidad de mantener un marco jurídico orientado a la reintegración, una postura compartida, aunque con matices, por los portavoces de Bildu, PNV, ERC, Junts y Podemos, según reportó el medio.

El resultado de la decisión parlamentaria dejó al descubierto la división existente entre los distintos grupos políticos sobre el alcance y los fines de la prisión permanente revisable. Los partidarios de la reforma —PP, Vox, UPN y CC— defendieron que la medida reforzaba la función punitiva del sistema penal en delitos especialmente graves, remarcando el sufrimiento añadido para las familias cuando los cuerpos de las víctimas no son encontrados o cuando los criminales reinciden. En contraste, los grupos que votaron en contra advirtieron de los riesgos de endurecer la legislación sin un diagnóstico claro de su eficacia ni evidencias de que una pena más severa contribuya a prevenir estos delitos, según consignó el medio.

Desde las bancadas opuestas, los diputados que rechazaron tramitar la propuesta insistieron en la importancia de una política criminal que no ceda ante las presiones coyunturales y que evite respuestas legislativas que puedan considerarse populistas o reactivas. Mientras tanto, la decepción entre los familiares de las víctimas presentes en el debate evidenció el dolor persistente y el anhelo de respuestas más firmes ante los crímenes de máxima gravedad. El resultado de la votación y las valoraciones expresadas durante la sesión reflejaron el complejo equilibrio entre la atención a las víctimas y la orientación general del sistema penal español en materia de castigo y reinserción.