
El rechazo de la jueza a la solicitud de la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE) para incorporarse al proceso como acusación popular resultó en la confirmación de que la naturaleza del delito investigado y el archivo de la causa imposibilitan dicha personación. Según informó Europa Press, esta decisión se notificó en el contexto del archivo de la denuncia presentada contra el exdiputado y antiguo portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, por una supuesta agresión sexual.
El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid archivó la investigación el 16 de marzo, después de que la presunta víctima optara por no ratificar la denuncia ante la autoridad judicial. De acuerdo con Europa Press, la magistrada Carolina García Durrif comunicó formalmente a la defensa de Errejón la resolución, señalando que las diligencias caen en archivo debido a que la denunciante no confirmó los hechos. La providencia oficial incluye una nota en la que la jueza informa tanto de la denuncia como de su archivo, quedando constancia de estos hechos para la defensa.
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La denuncia había sido aceptada a trámite el 9 de marzo y se refería a supuestos hechos ocurridos en octubre de 2021 en el domicilio de Errejón. Europa Press detalló que el escrito lo interpuso la representación legal de una mujer que prefirió el anonimato y solicitó actuar como testigo, con una petición expresa para que su identidad fuera preservada de manera confidencial y protegida durante el proceso. Alfredo Arrien, abogado de la acusación y también representante de la actriz Elisa Mouliáa, quien fue la primera persona en denunciar a Errejón, encabezó la reclamación ante la magistrada. Arrien solicitó además la máxima protección de los datos de la víctima, insistiendo en la necesidad de confidencialidad y en que su participación se limitara al testimonio.
No obstante, según recopiló Europa Press, la intención de avanzar con el caso dependía directamente del paso de la ratificación por parte de la denunciante. Ante la negativa de la mujer a comparecer y confirmar los hechos en sede judicial, su representación anticipó el cierre de la causa, asegurando que la falta de este procedimiento imprescindible conduciría a la conclusión del expediente.
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Por su parte, fuentes vinculadas a Íñigo Errejón manifestaron, según recogió Europa Press, que la decisión judicial reconoció las garantías solicitadas en cuanto a la reserva de los datos personales de la mujer. Además, aludieron a la ausencia de respaldo directo a la denuncia anónima, relacionando tanto la publicación de la acusación como las intervenciones mediáticas de los denunciantes con intereses externos al proceso jurídico.
El expediente judicial que motivó la actuación del juzgado constituye la segunda denuncia por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón desde 2021. Europa Press explicó que, en esta ocasión, la instrucción se centró únicamente en la recepción y tramitación inicial del escrito, con la expectativa de ratificación como requisito indispensable para que la investigación continuara y se dispusieran nuevas diligencias. La ausencia de corroboración por parte de la persona denunciante impidió la progresión hacia una audiencia ou otro tipo de actuaciones procesales.
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Según documentó Europa Press, la magistrada dejó abierta la posibilidad de que, de presentarse nuevos elementos o decisiones de la denunciante, se pueda reevaluar el caso en el futuro. Por ahora, el archivo definitivo de la causa implica que no se abrirán procedimientos adicionales derivados de estos hechos y que la causa queda cerrada en la jurisdicción competente.
El procedimiento ha implicado tanto la valoración de la protección a la identidad de la denunciante como la delimitación de los derechos de intervención de asociaciones en procesos relacionados con supuestos delitos de violencia sexual, tema que volvió a mostrarse con la solicitud denegada de personación de ADIVE, disposición que Europa Press atribuyó a las cautelas especiales exigidas en la instrucción de este tipo de delitos y a la conclusión derivada de la falta de ratificación.
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Europa Press concluyó que tanto la defensa del exdiputado como las partes personadas ya han recibido la notificación de archivo, y que la resolución oficial de la magistrada impide la continuación del proceso penal en relación con los hechos denunciados, limitándose la constancia judicial a meros efectos registrales y de notificación.
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