La jueza que investiga el accidente ferroviario de Urda (Toledo), Aristea Ortiz, ha exigido a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe que aporte los operarios necesarios para mantener sin interrupciones las labores de búsqueda y retirada de los vagones siniestrados. La magistrada ha hecho el requerimiento “de forma urgente” después de que la falta de personal impidiera continuar los trabajos durante la noche del sábado al domingo.
La instructora dictó una providencia el sábado, 31 de octubre, para que la compañía organizara los turnos necesarios y los relevos de los trabajadores que intervienen en la zona. El objetivo era mantener las tareas durante toda la noche, pero no fue posible por la “falta de operarios suficientes de la empresa de grúas”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM). Los trabajos se reanudaron este domingo a las 8.00.
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La decisión, según el tribunal, responde a la “urgente necesidad de localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar donde se encuentran los trenes siniestrados”. Todo ello, añade, con el propósito de hacer entrega de ellos “con la mayor rapidez a los familiares de las personas fallecidas”.
Cinco vagones retirados, pero la búsqueda continúa
Las labores de retirada han permitido apartar ya cinco vagones de los trenes implicados en el accidente: tres del Iryo y dos del AVE de Renfe. Las estructuras se han depositado en los márgenes de la vía para no interferir en el rastreo de pruebas y restos biológicos. Sin embargo, su retirada de la zona de choque no supone que haya concluido la inspección. Los equipos siguen revisando el lugar y los espacios que van quedando al descubierto a medida que avanzan los trabajos.
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La Guardia Civil mantiene desplegados efectivos en el perímetro del siniestro, con labores de rastreo en las que también han intervenido unidades caninas y equipos de iluminación. La Policía Judicial continúa recopilando pruebas e indicios para la investigación, mientras los agentes custodian los restos que se recuperan por orden judicial. El dispositivo ha seguido activo durante la madrugada, aunque las labores de retirada de vagones no pudieron mantenerse por la falta de operarios.
69 fallecidos y 13 víctimas pendientes de identificación
El balance provisional del accidente ferroviario de Urda se mantiene en 69 muertos. Los equipos forenses han completado las autopsias y han identificado a 56 de las víctimas, entre ellas los 54 fallecidos españoles y dos extranjeros, uno francés y otro portugués, según los datos del Centro de Integración de Datos (CID).
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De las 56 identificaciones, 51 ya han sido comunicadas a sus familias. Las otras 13 víctimas mortales siguen pendientes de identificación y serían ciudadanos extranjeros, por lo que las autoridades están a la espera de actuaciones de cooperación internacional. Las identificaciones se han realizado principalmente mediante huellas dactilares: 52 de las 56, mientras que las cuatro restantes se han resuelto mediante análisis de ADN.
El procedimiento exige que la comunicación a los familiares se haga de forma personal y presencial. Solo cuando se ha producido esa notificación fehaciente se incorpora la identificación al balance oficial. Hasta este domingo, 36 de los fallecidos ya estaban a disposición de sus allegados.
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En paralelo, 41 personas permanecen hospitalizadas en centros de Castilla-La Mancha y Madrid, 16 de ellas en unidades de cuidados intensivos, según el balance difundido este domingo. La cifra de heridos ingresados ha descendido conforme algunos pacientes han recibido el alta o han abandonado las unidades de críticos.
La jueza prohíbe difundir imágenes de las víctimas
Al margen del requerimiento dirigido a la empresa de grúas, la magistrada ha dictado un auto para impedir la obtención, divulgación o publicación de información e imágenes relativas a las víctimas del accidente o a sus familiares.
La resolución busca “preservar la intimidad, integridad y dignidad” de los afectados y “evitar situaciones de revictimización”, según recoge el TSJCLM. La prohibición no impide, sin embargo, la difusión de aquellos datos que resulten necesarios para la identificación de las víctimas, una salvedad que el propio tribunal incluye en su comunicación.
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La medida llega mientras los equipos continúan trabajando en el escenario del accidente y las familias esperan noticias sobre sus allegados. La jueza mantiene la causa bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido todos los detalles de las diligencias practicadas.
La investigación judicial deberá esclarecer las circunstancias del choque y las decisiones que precedieron al siniestro. Por ahora, la prioridad inmediata sigue estando en completar las labores de búsqueda, preservar los indicios y permitir que los posibles restos que todavía puedan permanecer en la zona sean recuperados y entregados a sus familias.
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