
Las advertencias realizadas a la Junta de Andalucía en 2023 por profesionales del Hospital Virgen del Rocío sobre fallos en el programa de detección precoz de cáncer de mama han cobrado relevancia ante la preocupación expresada por la posibilidad de que más de 2.500 mujeres resultaran afectadas por retrasos en estos exámenes, según especialistas citados por ‘El País’. En este contexto, la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, reclamó una explicación al gobierno regional, exigiendo aclaraciones sobre los posibles fallos administrativos, así como la falta de respuesta oficial ante la situación.
Según publicó 'El País' y amplió la agencia Europa Press, Montero se refirió a la reacción de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno (PP-A), tras revelarse que desde el Hospital Virgen del Rocío existían comunicaciones formales advirtiendo de problemas en el funcionamiento de los cribados. La dirigente detalló que resultaba “muy gráfico” que la administración autómica pretendiera responsabilizar a los profesionales sanitarios de un asunto que, a su juicio, corresponde a una gestión de la propia Junta, señalando que estos trabajadores “mantienen el servicio”, enfrentan situaciones complejas de forma constante y que debían ser reconocidos por su “profesionalidad”.
PUBLICIDAD
Montero, que además fue consejera de Salud en Andalucía, defendió que el personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) actúa con compromiso y enfrenta condiciones laborales que, en su opinión, requieren mejoras tanto a nivel salarial como laboral, comprometiéndose a ello en caso de alcanzar la presidencia de la Junta. Añadió que resulta “lamentable” que la Junta intente descargar la responsabilidad sobre quienes pusieron en conocimiento de la administración los retrasos y demoras, interviniendo para evitar que la problemática alcanzara mayores dimensiones.
La responsable del PSOE-A insistió en la exigencia de explicaciones y transparencia por parte del Ejecutivo regional ante la denuncia de que más de 2.500 mujeres podrían haberse visto perjudicadas sin que la administración haya dado una respuesta adecuada. De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press, Montero inquirió sobre el número de mujeres que han desarrollado cáncer, las que han fallecido, aquellas sometidas a mastectomía o a quienes se les repitieron pruebas por causa de la demora, entendiendo la situación como un daño severo en la sanidad pública andaluza.
PUBLICIDAD
Tal como consignó el medio, la dirigente señaló que estas mujeres participaron voluntariamente en una prueba que busca prevenir el cáncer de mama y podrían haber visto agravada su situación por el retraso en la realización de tests complementarios tras la primera cita, lo que según ella refleja la gravedad del problema.
En el comunicado recogido por Europa Press, Montero acusó al presidente Juanma Moreno de “criminalizar” a las personas afectadas y exigió respeto, recalcando que se trata de pacientes que sufrieron consecuencias por lo que calificó de negligencia en la gestión de la administración sanitaria, al no completarse los procedimientos médicos necesarios. Según la secretaria general del PSOE-A, el gobierno regional se amparó en la Ley de Protección de Datos para no proporcionar información precisa sobre la magnitud de la crisis, especificando que nunca se solicitó la identidad de las personas, sino el total de casos, motivo por el cual acusó al ejecutivo de ocultar la realidad bajo argumentos que consideró falsos.
PUBLICIDAD
El medio también puntualizó que Montero utilizó esta controversia para criticar las políticas sanitarias del actual gobierno andaluz, enfocándose en lo que denominó una “política de privatización”. Avisó sobre la intención del PP-A de aplicar modificaciones al Servicio Andaluz de Salud, según el programa que llevaría a las próximas elecciones autonómicas, resaltando la importancia de conocer el contenido de estas reformas antes de los comicios.
Según la agencia Europa Press, Montero alertó acerca de la posible implantación del copago sanitario como parte de estas reformas y pidió que la Junta hiciera pública en qué consisten exactamente los cambios previstos. La dirigente del PSOE-A advirtió que, en su opinión, la remodelación proyectada significaría un retroceso en la universalidad, gratuidad y provisión pública de la atención sanitaria en Andalucía, conceptos que, a su juicio, constituyen garantías de igualdad en el acceso a la salud para toda la población.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD


