Aplazadas a abril las últimas declaraciones del juicio contra cinco acusados por los 3.000 kilos de droga del 'Simione'

El operativo policial que permitió intervenir el ‘Simione’ culminó el 18 de diciembre de 2022, cuando la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil abordó la embarcación. Los agentes localizaron en la cubierta principal y en la bodega un total de 115 fardos que contenían 2.949 paquetes de cocaína. El contenido registrado alcanzó los 2.866,52 kilos de droga, con un nivel de pureza del 77,3% y un valor en el mercado ilegal estimado en casi 107 millones de euros. Luego de esta actuación, el armador del pesquero fue arrestado en tierra y se procedió al registro de su vivienda en Vigo, donde las autoridades incautaron dispositivos electrónicos, discos duros, documentación del buque, teléfonos móviles y tarjetas SIM, según informó la fuente original.

La Audiencia Provincial de Pontevedra, concretamente la sección quinta con sede en Vigo, suspendió hasta el 23 de abril las últimas declaraciones del juicio contra los cinco acusados por el alijo de cocaína que supuestamente iba a transportarse a Galicia a bordo del ‘Simione’. Tal como publicó el medio, entre el lunes y el jueves previos, el tribunal escuchó a decenas de testigos y a uno de los acusados, mientras que los otros cuatro optaron por ejercer su derecho a prestar declaración al final de la instrucción. Aunque estaba prevista una sesión para el viernes, la ausencia de varios testigos propició el aplazamiento, con la intención de citarlos nuevamente a lo largo del mes.

La Fiscalía sostiene que el armador del pesquero, identificado como Pablo G.F., organizó la operación y la salida del buque que partió bajo bandera de Angola desde el puerto de Luanda. Entre la tripulación figuraban los acusados José Antonio C.R. y el ciudadano angoleño P.M.M. El ‘Simione’ arribó a Dakar, Senegal, el 1 de diciembre, donde Pablo G.F. aguardaba para coordinar el abastecimiento de combustible y la integración de un cuarto tripulante, identificado como José Javier F.V. Seguidamente, el barco zarpó hacia una zona al suroeste de Cabo Verde, punto en el que realizó la carga de cocaína antes de dirigirse hacia la costa española, según consignó el medio.

A lo largo de la travesía, el armador mantuvo contacto constante con José Antonio R.C., facilitando indicaciones relativas a la ruta y recibiendo información sobre el avance del viaje y el estado de la nave. De acuerdo con el escrito de acusación pública, la Fiscalía considera que los tres tripulantes, incluidos los dos gallegos y el angoleño, eran conscientes del propósito ilícito de la misión. Dos de ellos confirmaron ante el tribunal su conocimiento del destino de la carga y la actividad desarrollada a bordo del pesquero.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil identificaron además a una quinta persona, A.R.E., a la que la Fiscalía acusa de delitos de tráfico de drogas relacionados con el acopio y distribución lucrativa de estupefacientes en el mercado ilícito. En sus registros, los agentes hallaron cerca de un kilo de cocaína, algo más de un kilo de heroína, resina de hachís, varias básculas de precisión, libretas con anotaciones, teléfonos móviles, tarjetas SIM y una cantidad aproximada de 6.280 euros en efectivo entre el domicilio de Ponte Caldelas y una nave ubicada en Vilagarcía, según indicó el medio.

El ministerio público reclama para Pablo G.F. una condena de 13 años de prisión. Para José Antonio C.R., la petición es de 11 años y nueve meses, mientras que para José Javier F.V. y P.M.M., solicita 11 años y medio de privación de libertad. Además, propone multas que ascienden a 636 millones de euros para cada uno de los cuatro primeros procesados. En el caso de A.R.E., la solicitud alcanza los 8 años y medio de prisión y una multa de 940.000 euros, detalló la fuente informativa.

El proceso aborda también la agravante de la utilización de una embarcación y la actuación según una estructura delictiva internacional, remarcada por el volumen del alijo y la sofisticación del operativo. Los delitos imputados implican, según la Fiscalía, un delito contra la salud pública potenciado por la cantidad de sustancia traficada, el uso de medios marítimos y la pertenencia a una red transnacional en la cadena del narcotráfico.

El valor y la pureza de la cocaína intervenida constituyen factores clave en la causa, así como la documentación, dispositivos y comunicaciones interceptados en los registros posteriores a las detenciones. De acuerdo con lo consignado en la acusación pública, el análisis del material incautado en los distintos inmuebles permitió trazar conexiones logísticas y financieras vinculadas con la organización, lo que refuerza las solicitudes de penas máximas y sanciones económicas elevadas por parte de la Fiscalía.

El juicio, caracterizado por la complejidad del entramado delictivo y la cantidad de material probatorio, continuará desarrollándose una vez que comparezcan los testigos que no se presentaron en las últimas jornadas. La cobertura de los hechos seguirá atenta a los avances programados para abril, fecha en la que el tribunal prevé escuchar las declaraciones pendientes y avanzar en la resolución de uno de los mayores casos recientes de incautación de cocaína en la fachada atlántica de la península, como reportó el medio original.