Madrid, 11 mar (EFE).- Los automovilistas españoles pagarán este año cerca de 3.000 millones de euros a los ayuntamientos por el impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), según un estudio de la Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre la fiscalidad municipal del automóvil en 2026.
El informe, publicado este miércoles, subraya las grandes diferencias de fiscalidad que hay entre los municipios españoles en el IVTM.
Según ha explicado a modo de ejemplo AEA, un automovilista donostiarra paga un 51 % más por este impuesto que uno de Madrid y uno domiciliado en Tenerife más del doble (161 % más).
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Las diferencias pueden alcanzar hasta un 900 % si el automovilista está empadronado en alguno de los "25 paraísos fiscales".
El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de los turismos; de la cilindrada, en el de las motos; y del peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, existiendo una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.
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La ley permite a los ayuntamientos incrementar las cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 8 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA.
También permite aplicar bonificaciones de hasta el 75 % en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años.
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Según la AEA, la facultad "discrecional" que se da a los ayuntamientos ha dado lugar a la creación en España de verdaderos "paraísos fiscales" en relación con el pago de un impuesto al que están obligados cerca de 38 millones de contribuyentes.
Por ejemplo, un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal, paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros; en Madrid, 59 euros; en Barcelona, 68,16 euros; y en San Sebastián, 89,25, es decir un 161 % más caro en San Sebastián que en Tenerife.
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Entre los ayuntamientos más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Vitoria; Bilbao; Barcelona; Gerona; Tarragona; Lleida; Ciudad Real; Jaén; Granada; Huelva; Salamanca; Santander y Cádiz.
Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse "un paraíso fiscal" estarían Santa Cruz de Tenerife; Melilla; Ceuta; Zamora; Palencia; Badajoz; Cáceres y A Coruña.
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Para la AEA, este hecho ha motivado que empresas de alquiler y de 'renting' hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. EFE
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