Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

El gobierno de Cataluña ha comunicado este jueves la apertura de 529 expedientes sancionadores a propietarios de viviendas en zonas del mercado residencial donde se aplica el índice de referencia de precios. Según ha notificado la unidad inspectora de la Generalitat, el 74% han sido abiertos de oficio (por la propia unidad inspectora), mientras que el 26% restante corresponden a denuncias particulares.

Además, los inspectores catalanes han detallado que, a raíz de los expedientes abiertos el pasado 22 de abril, existen siete casos que cuentan con un expediente sancionador formalmente iniciado. Además, el 89% de los expedientes abiertos se encuentran en la fase de diligencias previas -la primera fase que corresponde a la investigación inicial-, mientras que un 10% han sido archivados.

Entre los 529 expedientes sancionadores abiertos por la administración autonómica, el 79% han sido dirigidos a propietarios que superaron el máximo de renta en exclusiva o en combinación con otras irregularidades. Entre las irregularidades combinadas se encuentra la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria, de formalización de contrato al inquilino, así como la falta de constancia de la condición de gran tenedor o del precio.

Además, otra de las infracciones registradas por la Generalitat catalana a raíz de la investigación de la unidad inspectora es la detección de casos en los que no se hace constar la finalidad del contrato y que corresponde a contratos de temporada o de uso distinto a la vivienda habitual.

Barcelona lidera las irregularidades

En cuanto a la distribución territorial de los expedientes, la demarcación de Barcelona concentra el 76% de los expedientes, con 402, seguida de Tarragona, con 60 (11,3%), Girona, con 48 (9%) y Lleida, con 19 expedientes (4%). A nivel municipal, Barcelona capital acumula 210 expedientes, un 40% del total. También destaca Girona, con 31 expedientes, Badalona, con 23 y Sitges con 14 expedientes.

Además, la administración ha detallado que, de los 529 expedientes, 51 fueron archivados (31 con archivo definitivo, 18 en fase de diligencias previas y 2 anulados), mientras que la principal causa de archivo de las denuncias de particulares es que el contrato de arrendamiento es anterior a la entrada en vigor de la ley de vivienda catalana, por lo que no están sujetas a la normativa.

Según ha detallado la administración autonómica, el despliegue del cuerpo de inspectores en el territorio se está haciendo de forma progresiva y coordinada con los ayuntamientos. En el marco de esta colaboración, se han realizado algunas inspecciones en materia de contención de rentas con el Ayuntamiento de Barcelona.

El día 15 de abril se realizaron un total de diecisiete inspecciones en once ubicaciones de Barcelona, ​​en una operación conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo de la Guardia Urbana. Se detectaron doce viviendas con posibles incumplimientos, básicamente pisos destinados al arrendamiento de habitaciones. Durante las inspecciones se requirió documentación y actualmente continúa la labor de requerimiento y valoración de la misma.

Estas inspecciones se enmarcan en las políticas públicas del gobierno catalán para garantizar el derecho al acceso a la vivienda y hacer frente a la situación de emergencia habitacional, derivada del desequilibrio entre la evolución de los precios del alquiler y la capacidad económica de las familias.